Más de un millón de páginas en los BOE: la burocracia se desboca en 2021
El 80% de la maraña se concentra en las comunidades autónomas y pone en jaque la unidad de mercado y la seguridad jurídica
Cataluña fue la región con más producción normativa por sexto año, con un 40% más que Madrid
El 70% de las pymes denuncian las trabas para abrir una empresa
La inflación y la burocracia amenazan con frustrar cientos de proyectos con fondos europeos
Hace dos siglos el periodista español del Romanticismo, Mariano José de Larra , escribió una mordaz crítica sobre la lentitud de la burocracia española y la costumbre de alargar los plazos, teniendo como una de sus características sociales la pereza. La pieza « Vuelva ... usted mañana » bien podrían referirse al momento actual, al enredo que sufre, por ejemplo, un empresario que quiere invertir en una región que no es la suya, al que pretende hacer una reforma en su negocio o al ciudadano que busca cobrar el paro o percibir una pensión.
La maraña burocrática es mastodóntica y sigue instalada en España y disparada. El pasado ejercicio se publicaron 1.176.032 páginas en los BOE, un 11% más . El 80% correspondió a los boletines autonómicos y fue un 24% más elevada que un año antes. Este escenario es recurrente y sigue provocando incertidumbres jurídico-económicas en el tejido empresarial. La superposición de las disposiciones normativas ha creado un enredo de normas en el que no es fácil orientarse, ni para los ciudadanos ni para las empresas . Esta complejidad origina distorsiones en el mercado y estrés en los empresarios, que se ven obligados a enfrentarse a un nivel de cargas administrativas y de procedimientos que suponen una traba al desarrollo de su actividad y, por ende, a la generación de empleo, riqueza y bienestar social, denuncia la CEOE en un informe sobre «La producción normativa en 2021».
Al margen de casi el 1,7 millones de páginas en los BOE, solo en 2021 se aprobaron 851 nuevas normas estatales, un 7,3% más. El dato sitúa a ese ejercicio como el quinto con mayor producción desde las cifras récord alcanzadas en la primera década del inicio del periodo democrático, entre 1977 y 1986, y el segundo más alto de los últimos diez años. Y está un 15% por encima del promedio alcanzado en el siglo XXI. Un escenario que se produce pese a que en 2013 el Gobierno de Rajoy aprobó la ley de Unidad de Mercado para reducir cargas.
El gusto por gobernar a golpe de decreto ley es palpable cuando se analizar el marco legal. La crisis sanitaria provocó un récord de 39 normas de este tipo, cifra que descendió hasta las 32 en 2021, prácticamente el triple de la media histórica de este rango normativo desde 1977. Por sexto año el número de decretos fue superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
El informe de la patronal alerta de que la reiteración en el uso de la figura del real decreto ley como «recurso recurrente» para legislar «ha generado cierta corriente crítica que ha percibido, en algunos casos, un uso abusivo de esta fórmula que evita cauces en apariencia más democráticos y que, según el artículo 86.1 de la Constitución , está prevista para casos en los que existe una extraordinaria y urgente necesidad».
Páginas publicadas en boletines oficiales
Totales anuales. En millones de páginas
Total 2021
1.176.032
CC.AA.
Estatales
Total páginas (% variación)
934.229
241.803
1.200.000
+10,9%
+9,8%
+5,8%
0,2%
+1,6%
-1,5%
+0,4%
-0,8%
-2,7%
-3,7%
1.000.000
-8,7%
-11,8%
800.000
600.000
400.000
200.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Boletines oficiales
de las comunidades
Totales anuales
2020
2021
Var. 20/21
87.019
46%
Cataluña
Madrid
Andalucía
C. y León
Galicia
Extremadura
Canarias
Valenciana
Aragón
Baleares
C.-La Mancha
Asturias
Murcia
Cantabria
La Rioja
Navarra
País Vasco
Ceuta
Melilla
127.175
74.415
22%
91.130
68.513
28%
87.783
55.767
20%
66.674
51.137
28%
65.620
49.616
31%
64.749
42.055
38%
57.858
54.452
3%
56.246
33.263
65%
TOTAL
55.001
45.960
17%
53.679
934.229
57.094
-18%
46.778
33.677
25%
42.149
753.322
33.494
13%
37.940
25.066
18%
29.581
16.182
36%
22.082
13.132
18%
15.518
5.619
16%
6.492
3.751
4%
3.900
3.110
25%
3.874
Fuente: CEOE / ABC
Páginas publicadas
en boletines oficiales
Totales anuales
En millones de páginas
CC.AA.
Estatales
Total páginas (% variación)
200.000
600.000
1.000.000
+9,8%
2010
-1,5%
2011
-11,8%
2012
-0,8%
2013
0,2%
2014
-2,7%
2015
-8,7%
2016
+0,4%
2017
+1,6%
2018
+5,8%
2019
Total 2021
1.176.032
-3,7%
2020
934.229
241.803
+10,9%
2021
Boletines oficiales
de las comunidades
Totales anuales
2020
2021
Var.
20/21
87.019
46%
Cataluña
Madrid
Andalucía
C. y León
Galicia
Extremadura
Canarias
Valenciana
Aragón
Baleares
C.-La Mancha
Asturias
Murcia
Cantabria
La Rioja
Navarra
País Vasco
Ceuta
Melilla
127.175
74.415
22%
91.130
68.513
28%
87.783
55.767
20%
66.674
51.137
28%
65.620
49.616
31%
64.749
42.055
38%
57.858
54.452
3%
56.246
33.263
65%
55.001
45.960
17%
53.679
57.094
-18%
46.778
33.677
25%
42.149
33.494
13%
37.940
25.066
18%
29.581
16.182
36%
22.082
13.132
18%
15.518
5.619
16%
6.492
3.751
4%
3.900
3.110
25%
3.874
753.322
934.229
TOTAL
Fuente: CEOE / ABC
Relata la CEOE que existen varios factores que han podido resultar desencadenantes de esta situación. Por un lado, cita la inestabilidad política, evidenciada en una repetición electoral sin precedentes en España. Por otro lado, las circunstancias excepcionales por la pandemia, que han dificultado la tramitación legislativa y podrían justificar una mayor utilización de este recurso, como ya ocurrió en 2020.
El radar de la maraña burocrática apunta directamente a las autonomías, aunque a unas más que a otras. Andalucía es líder indiscutible en el ranking de trabas para empresas y ciudadanos. El trabajo de la organización que dirige Antonio Garamendi sitúa a esta región a la cabeza en producción, tanto de normas con rango de ley como de páginas publicadas en los boletines oficiales en España. Desde 2016, la región catalana supera a Madrid , con una tendencia ‘in crescendo’ que en 2021 fue un 40% superior.
De las 348 normativas que aprobaron las comunidades autónomas, 50 fueron en Cataluña, frente a las apenas siete de Madrid. Lo mismo ocurre con las páginas publicadas en el BOE : la comunidad catalana está a la cabeza en España con 127.175 páginas, un 47% más, frente a las 91.130 en Madrid (+22%). En conjunto, el número de normas con rango de ley fue cinco veces mayor en las autonomías que en el Estado .
Sin licencia en Madrid
Algunas regiones intentan revertir este escenario de trabas, como Madrid. La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso ha aprobado la ley de Mercado Abierto , una norma pionera que permite a empresas y autónomos de cualquier punto de España operen en Madrid sin necesidad de tener que sacar una nueva licencia de actividad o permiso, lo que espera que le reporte medio millón de empleos y un alza del PIB del 1,6%. Un nuevo paso hacia la unidad de mercado que el Ejecutivo autonómico justifica en que la reducción de cargas fomenta la inversión y la creación de puestos de trabajo. En la misma línea ha caminado la comunidad andaluza, con una rebaja de trámites que hace apenas tres años hubiera sido impensable en la Junta de Andalucía .
Lejos de Europa
Según los datos publicados por el ‘World Justice Project’ , España figura en una posición intermedia entre los países desarrollados en cuanto al ‘rule of law’. Figura en la posición 21 en el índice global de 139 países analizados, situándose, además, en la décima posición en la UE, muy alejada de países avanzados, como Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Holanda y Suiza. ¿Qué diferencia a España de estos países? «El marco normativo español se caracteriza por su elevada densidad y complejidad, así como por una progresiva pérdida de calidad técnica de la norma, como se demuestra en las numerosas modificaciones que sufren los textos a causa, probablemente, de la urgencia para legislar, fruto de las circunstancias sobrevenidas enumeradas», dice CEOE.
La patronal reclama menos normas, evitar duplicidades y garantizar una cierta estabilidad en el ordenamiento jurídico . «Debemos contar con una regulación clara y simple, fácil de interpretar, que no conlleve cargas adicionales innecesarias y permita fortalecer la competitividad de nuestra economía», concluye.
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