Dormir en el calabozo, una decisión en manos de la Policía

Independientemente de quien ordene el arresto, el artículo 17 de la Constitución establece que la detención de una persona no puede durar más «del tiempo estrictamente necesario» para practicar las diligencias imprescindibles para la investigación, con un plazo máximo de 72 horas, tras las cuales el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del juez. Así, la Policía tiene siempre «un cierto margen de arbitrariedad», a pesar de que «su actuación está amparada por la ley», explica a ABC el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autonómica de Madrid Miguel Bajo.

El cuerpo de agentes que arresta al investigado decide si es necesario agotar o no el plazo, en función de «la información que busca», añade el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Navarra Julio Merza. « Si solo quiere incautarse de cierto material en el registro, puede dejarle en libertad una vez lo consigue ». Así sucedió con uno de los hijos de Jordi Pujol, Oleguer, por ejemplo, quien quedó libre tras ocho horas de registros en su domicilio y empresas de su entorno.

Al final, como explica el también penalista Luis Rodríguez Ramos, los agentes valoran, en cierto sentido, los mismos criterios que después considerará el juez para decidir las medidas cautelares que impone al investigado. Gravedad de los delitos, destrucción de pruebas, reiteración delictiva, riesgo de fuga... Aunque los motivos están tasados, la casuística es amplia cuando se repasan las últimas detenciones e imputaciones de personalidades de la élite política o financiera vinculadas a entramados como el creado por Conde. Algunos investigados son llamados directamente a declarar ante el juez sin que medie registro y van por su propio pie, como Jordi Pujol Ferrusola . No han corrido la misma suerte Conde y sus dos hijos, que como los 90 detenidos de la Malaya o los 34 de la Púnica, han tenido que dormir en calabozos hasta comparecer.

Una vez que el detenido declara como imputado es al propio juez a quien corresponde decidir si acuerda algún tipo de medida cautelar, con el único límite de que no puede ir más allá de lo que le pidan las partes. Estas medidas pueden ir desde la libertad con cargos, hasta la prisión incondicional, es decir, sin fianza. Entre medias hay un amplio abanico de posibilidades: comparecencias periódicas, prohibición de salir de España, retirada de pasaporte o una fianza para eludir la cárcel. Lo que parece claro es que, aunque la decisión de que hayan dormido en calabozos ha sido policial, parece vaticinar que el futuro de Conde no va ser muy halagüeño.

Esta investigación impulsada por la Fiscalía se inició con discrepancias entre Anticorrupción, que no vio delito inicialmente -aunque luego acabó asumiento el caso-, y la de Madrid. La detención fue un claro ejemplo de la llamada «pena de telediario», tanto que la forma en la que se lo llevaron arrestado entre los registros (la imagen de la mano del agente de Aduanas sobre la cabeza de Rodrigo Rato) hacía pensar que pasaría la noche en los calabozos, lo que al final no ocurrió.

Investigado también por el juez Pedraz por blanqueo y fraude fiscal, el 23 de octubre de 2014 la Policía registró su domicilio y empresas durante ocho horas. Se negó a declarar y la Policía lo dejó en libertad ese mismo día.

El 27 de octubre de 2015, más de 200 agentes efectuaron 15 registros para probar el presunto blanqueo del clan Pujol. En el punto de mira el primogénito del « expresident », Jordi. No se efectuó ninguna detención.

El 22 de enero de 2015, Luis Bárcenas salía de prisión tras depositar una fianza de 200.000 euros. Llevaba 19 meses en la cárcel y antes de ser preso preventivo había acudido a declarar ante el juez por su propio pie.

A las ocho de la mañana la Guardia Civil se presentó en su domicilio de Valdemoro y se lo llevó preso. Como el resto de miembros de la trama Púnica (39 en total), pasó de los calabozos al juzgado y de allí a la cárcel, donde sigue.