Mariano Silveyra (Cabify): «Van a llegar otras 15.000 licencias de VTC»

El Gobierno va a aprobar un real decreto que limitará la especulación con licencias VTC. La Gremial del taxi desconvocó una huelga programada para la semana pasada después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara que se personará en el recurso interpuesto por la CNMC contra el reglamento que limita las licencias de Uber y Cabify. ¿Cree que la Administración se está posicionando del lado del taxi en este conflicto?

- La Gremial del taxi es la que está presionando más a la Administración y están cediendo. Cada uno cede con lo que puede, pero todos ceden. Es un conflicto difícil de resolver, pero en lugar de proponer soluciones innovadoras están tirando de recetario para contentar al taxi. El gran problema de fondo que hay detrás del reclamo de los taxistas es que se les está acabando el negocio de la especulación de licencias. Hay personas que se están haciendo millonarias con la reventa de estas licencias y no quieren que se acabe el negocio. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Fomento en la que se nos garantizó que no se iba a modificar nada del ROTT (Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), ni una coma, pero ya vemos que va a cambiar para limitar el mercado de VTC. Que se modifique una norma que está cuestionada por Competencia roza lo ridículo.

- Pero es cierto que, como sostiene el sector del taxi, la normativa establece que debe haber treinta licencias de taxi por cada VTC y esto no se está cumpliendo por un vacío legal. ¿Qué solución propone Cabify?

Lo que queremos es que, a corto plazo, no se toque nada. No creemos que se esté incumpliendo la normativa porque cuando se solicitaron las licencias que llegan ahora de los juzgados no había ningún tipo de limitación. Si no se estuviera produciendo esto tendríamos aún más distorsiones en el mercado de las que ya tenemos. La relación de uno por cada treinta es una utopía. Utilizar esta proporción como argumento para bloquear una ciudad no tiene sentido. Hay demanda suficiente para todos.

¿Cuántas licencias adicionales de VTC pueden llegar al mercado por la vía judicial?

Calculamos que cerca de tres veces más de las que hay actualmente. Unas 15.000. Nadie sabe a ciencia cierta el número porque cada día aparecen nuevos procesos y la situación es bastante caótica.

Se ha hablado mucho de la estructura fiscal de Cabify. ¿Por qué la empresa tiene su sede fiscal en Delaware?

Lo primero que me gustaría aclarar es que facturamos en España todos los trayectos que realizamos en el país. Es cierto que la matriz de la compañía está radicada en Delaware porque, en sus inicios, la mayoría de inversores eran americanos y exigieron que se radicara la empresa en territorio estadounidense. La dinámica de una start-up es compleja, se necesita flexibilidad para cerrar rondas de financiación y crecer. En España, el proceso es todavía más dificultoso. Por ello, la mayoría de nuevas empresas que han prosperado han establecido su sede en el exterior. Delaware no es un paraíso fiscal como se ha dicho, sino que tiene ventajas fiscales.

En este conflicto se ha relacionado a Uber con Cabify. ¿La empresa se siente cómoda en esta posición?

No. La concepción de la compañía es distinta desde el inicio. Queremos crear una comunidad. En todos los países a los que hemos llegado hemos tenido que trabajar con los gobiernos y proponer modelos de negocios que se ajusten a la ley. La estrategia de Uber es diferente en este aspecto. A la hora de negociar con la Administración nos ha debilitado que nos metan a todos en el mismo saco. Es cierto que tenemos una relación fluida y que colaborado en materia de seguridad, pero en el resto de asuntos cada uno tiene una opinión distinta.

El sector del taxi señala que Cabify cuenta con miles de expedientes abiertos por prácticas como captación de clientes. Incluso Fomento se refirió a la alta cifra de infracciones. ¿Cómo se defienden de estas acusaciones?

Este es otra de las acusaciones que consideramos inaceptables. Todos los expedientes sancionadores están basados en una reinterpretación de la norma impulsada por Fomento y la DGT. La norma es clara a la hora de describir las prácticas que se pueden hacer y las que no, pero el Ministerio ha enviado una circular a las comunidades en la que dejan a la interpretación de los policías municipales si hay una infracción. De hecho, la propia circular termina con un «etcétera», lo que deja bastante abierto el asunto.

Pero Cabify ya contaba con expedientes abiertos antes que se elaborara esta circular por aspectos como la captación de clientes o los estacionamientos indebidos...

La tecnología de la plataforma impide realizar estas prácticas, como recoger a alguien en la calle sin reserva. Si algún conductor lo hace, es de forma totalmente ajena a Cabify. No trabaja para la empresa cuando lo está haciendo. Por otra parte, que un vehículo esté parado en la acera o descansando en doble fila con la aplicación encendida no significa que esté realizando una captación. Respecto a los lugares prohibidos para aparcar, tampoco están recogidos en la normativa. La circular intentó normalizar esto, señalando lugares con gran afluencia de público u otros cercanos a paradas de taxi. El problema es que no especifica.

¿Qué relación tiene la plataforma con sus conductores?

Desde un punto de vista formal, ninguna. Pero sí es cierto que nos ocupa que, al ser la cara visible de nuestros usuarios, cumplan una serie de prácticas y ofrezcan un buen servicio. Nos encargamos de formarlos. No hay relación laboral, hay un contrato de prestación de servicio.

Entonces, ¿por qué se les impone cláusulas de exclusividad que impidan que puedan trabajar para otras plataformas, como Uber?

Es cierto que tenemos un contrato con la empresa que emplea a estos conductores en el que fijamos determinadas responsabilidades, como un acuerdo de no competencia. Tenemos la experiencia de que cuando los conductores trabajan para varias plataformas se acaba creando una situación caótica.

¿Tiene alguna forma de controlar Cabify las condiciones en las que operan estos conductores para evitar que se produzcan abusos laborales?

Sí, llevamos a cabo un control y en el caso de que surjan problemas tomamos medidas para que no vuelvan a ocurrir. Parte del acuerdo que mantenemos con estas compañías pasa por cumplir la normativa, no solo de transporte si no también en materia de Seguridad Social u horas trabajadas. No tengo constancia de que algún conductor haya pedido ayuda, pero puede ser que se hayan producido de forma puntual y se nos haya escapado. La mayoría están contentos con sus condiciones y tienen la libertad de, si no están satisfechos, cambiarse a otra compañía.

¿Quién quemó los nueve coches de la plataforma en Sevilla?

Las investigaciones todavía están en marcha y hasta que no tengamos una condena todo lo que se diga puede ser malinterpretado. No buscamos influir en la investigación. Sí es cierto que hay hasta 37 taxistas imputados por distintas situaciones y puede ser que en ese sentido haya ido la agresión a los conductores de Sevilla. La Policía seguirá tirando del hilo e investigando.

Recientemente han cerrado una ronda de financiación de 100 millones de euros. ¿En qué se invertirá?

Pretendemos seguir creciendo en los países donde ya operamos. Creemos que hay mucho potencial en nuestros mercados y queremos reforzar nuestra posición.

Han ganado un caso en la que el taxi le acusaba de la especulación de licencias. ¿Cree que este tipo de sentencias permitirán resolver el conflicto?

Para nosotros este tipo de decisiones nos reafirma en nuestra posición. Es un mensaje que nos impulsa a seguir hacia delante porque lo estamos haciendo bien. Pero creo que el conflicto no se resolverá a corto plazo. Nos gustaría que la Administración fuera más receptiva. Estamos abocados a tratar la regulación cuando quizás deberíamos centrarnos en mejorar nuestro servicio al usuario. España es un país que necesita fomentar la innovación, que está estancada. Que los proyectos puedan crecer y ser rentables. Que se organice una campaña para atacar e intentar destruir a una empresa española no ayuda a esto, y lo más grave es que la Administración forma parte de esta campaña.