Ninguna autonomía se libra del fuerte incremento en los precios de los peajes

La subida de los peajes del 7,5% el pasado día 29 de julio ha vuelto a alimentar las protestas. La Generalitat, incluso, exige a Fomento que extienda el pago por uso en toda España para establecer un sistema «homogéneo y justo». Pero, en realidad, el incremento en el importe de estas vías de alta capacidad no se ciñe, exclusivamente, a esta comunidad autónoma.

La red de autopistas de peaje de nuestro país alcanza los 3.016 kilómetros. De ellos, 661 kilómetros se encuentran en Cataluña , según el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2009. Es cierto que se trata de la comunidad que cuenta con más carreteras de pago, pero también que fue la que mayor inversión recibió durante las décadas en las que el modelo habitual para las nuevas infraestructuras era el del peaje (los años 60 y 70), desarrollo que entonces le sirvió como acicate para impulsar su industria y su economía.

En una segunda posición, se encuentran la Comunidad Valenciana , donde este tipo de vías representan algo más de la mitad de kilómetros (367). Galicia , por su parte, dispone de 327 kilómetros. Hay que bajar la vista hasta el octavo puesto para encontrar a la Comunidad de Madrid , por la que discurre una red de 144 kilómetros.

Desde 2007 el tráfico de estas carreteras desciende de manera ininterrumpida, sacudido por la espiral de la caída de los ingresos por la crisis de la demanda y la necesidad de subir los precios ante la retirada de las ayudas públicas con las que el Estado pretendía apuntalar su competitividad.

Por tanto, el de las catalanas no es un caso aislado. En un artículo, la revista especializada en motor «Autobild» sitúa a la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) como la autopista con el importe más elevado, cuyo recorrido completo -solo de ida, no se tiene en cuenta la vuelta- obliga a desembolsar 27,85 euros. Le siguen la AP-7, en el tramo que discurre por la costa levantina entre Valencia y Tarragona y tiene un coste de 22,50 euros. Tras estas, se hallan la autopista del nordeste , que parte de Zaragoza (27,85 euros), y la AP-9 (Ferrol-Tuy) , con 17,50 euros. Un caso próximo es también el de las autopistas vascas, como la AP-8 (entre Bilbao y Behovia) , que tiene un coste para los vehículos ligeros de 10,90 euros.

En realidad, no toda la red de autopistas está financiada por el pago de los clientes: 2.995,80 kilómetros se sufragan mediante el cobro de peaje directo, mientras que 369,71 los soportan las propias concesionarias por las cláusulas presentes en algunos de los útlimos contratos adjudicados, según la patronal del sector, la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (Aseta).

El real decreto ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria incluyó también un apartado que, de manera inminente, influirá en su precio. El Ejecutivo decidió poner fin a la compensación del 7% a las concesionarias, vigente desde 1999, por la pérdida de ingresos derivada de una bajada equivalente en las tarifas.

Más de 10 años después se ha dado marcha atrás. La situación económicas y los compromisos presupuestarios no invitan a mantener estas ayudas: el Ejecutivo sostiene que «esta compensación encontró su justificación en circunstancias impositivas que hoy han variado, por lo que no se justifica su permanencia».

Al tratarse de una especie de subvención sobre el importe final con cargo a los Presupuestos del Estado, el Ministerio de Fomento concedía a las concesionarias la última palabra a la hora de determinar si repercutir o no el incremento sobre los peajes, una posibilidad ante la que las concesionarias han respondido de manera unánime. «Sin duda, se optará por subir los precios. En realidad, se restablecerá el importe real, tras la normativa de 1999», subrayan fuentes de la patronal.

La medida solo afecta a las autopistas construidas antes de 2000. Por tanto, no supondrá un encarecimiento de las radiales madrileñas , en riesgo de quiebra, para las que el Gobierno ultima un plan que podría suponer el rescate de alguna de las concesiones mediante la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa).

La norma, al estar ligada al precio, perjudicará más a las las carreteras con mayor tráfico. En este grupo se encuentra, además de las catalanas (AP-7, la AP-2 y la C-33 ), las gallegas (AP-9) o las del litoral mediterráneo (AP-7). Una subida que la entrada en vigor del alza del IVA, previsto para el 1 de septiembre, hará más pronunciada y provocará un encarecimiento durante el año del 10%.