Malestar en el Pacto de Toledo por la deriva de Escrivá con las pensiones

Varios diputados han solicitado a la presidenta de la comisión, la exministra de Trabajo socialista Magdalena Valerio , una reunión para aclarar propuestas que han salido a la luz como el factor intergeneracional o la ampliación de la base cálculo de las pensiones. Iniciativas que han sido presentadas con el supuesto respaldo del Pacto pero que, denuncian, se alejan del listado de recomendaciones.

Escrivá alude a ese respaldo parlamentario que tiene su ministerio cada vez que salen a la luz algunas de las medidas para reformar el sistema o iniciativas como la polémica ampliación de los años para calcular la pensión de 25 a 35. Esta última ha incomodado al Pacto de Toledo y, además, tensó al máximo las costuras entre la facción económica del PSOE y la de Unidas Podemos , lo que terminó con la exclusión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la presentación del último acuerdo para prorrogar los ERTE.

Genera intranquilidad entre miembros de la comisión parlamentaria que el ministro insistiera en que el Gobierno no ha planteado a Bruselas ninguna propuesta en esta línea y que, posteriormente, se conociera que el texto enviado a Europa sí contenía una propuesta en firme para ampliar los años para el cálculo, aunque en este caso no aparecen referencias numéricas. El Gobierno solo se compromete a «adecuar las carreras de cotización a la realidad laboral».

El Pacto de Toledo quiere conocer también detalles sobre el nuevo factor intergeneracional prometido por el Gobierno a Bruselas. Un indicador con el que el responsable de la Seguridad Social quiere recuperar la filosofía del factor de sostenibilidad introducido en la reforma de las pensiones del año 2011, hoy desactivado con el respaldo del Pacto de Toledo.

Este futuro factor de sostenibilidad, diseñado por el gestor de las pensiones, permitiría hacer una «revisión periódica» de los «parámetros fundamentales del sistema», para así adecuar las prestaciones a «la evolución de la demografía y el equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista». Esta redacción ambigua de la futura norma concede amplio margen de negociación al ministerio con los agentes sociales y con otras formaciones políticas en uno de los puntos que, con toda seguridad, generará fuerte debate y polémica porque, en resumidas cuentas, lo que persigue es recortar de forma notoria el gasto en pensiones . El choque con el ala comunista del Gobierno está también asegurado .

De hecho, todas las propuestas enviadas a las autoridades europeas están redactadas de forma ambigua, sin detalles ni concreción, para evitar, precisamente, ‘guerrillas’ como las vividas con los socios de Gobierno y también con los sindicatos, a los que Pedro Sánchez no va a tener fácil sumar a una reforma que lleva en el primer folio marcado en rojo un recorte del gasto de más de 30.000 millones.

Pero esta falta de concreción en las medidas no podrá mantenerla por mucho tiempo el Ejecutivo. La Comisión Europea exige detalles y objetivos en cada uno de los cambios que abordarán los Estados como condición para recibir los fondos para luchar contra la crisis; más en la reforma de las pensiones, la de mayor calado a la que se enfrenta la economía española .

La importancia del consenso cosechado en la comisión del Pacto de Toledo fue clave para el Gobierno, pues daba margen al Ejecutivo de Pedro Sánchez para poner en marcha una de las reformas que Bruselas ha señalado como condición para recibir los fondos de reactivación por el Covid . El apoyo de la oposición despejaba la tramitación de unos cambios que deben nacer con el consenso no solo de los agentes sociales, sino también del Parlamento. Por ello, las suspicacias levantadas entre algunos grupos pueden tener consecuencias más a largo plazo. Ya lo advirtió el vicepresidente de la Comisión Europea , Margaritis Schinas , la semana pasada en el Euroforo Vocento : «Sin reformas no habrá inversiones».

El Pacto de Toledo alumbró a finales de 2020 un texto de recomendaciones poco concretas y menos ambiciosas de lo que se esperaba en un principio. Sí que señalaba, sin embargo, cuestiones que ya se han puesto en marcha, como que el Estado financie vía Presupuestos o con transferencias directas los gastos impropios del sistema de la Seguridad Social, como son las bonificaciones. La separación de fuentes de financiación se plantea de forma progresiva, pero se marca el año 2023 como fecha límite, coincidiendo con el final de la legislatura; de hecho, este año han comenzado las primeras transferencias. Además, para solventar los problemas contables derivados de los préstamos del Estado, el Pacto de Toledo propone compensarlos con el traspaso de su patrimonio e inmuebles a las administraciones afectadas.

Las recomendaciones no plantean una reforma muy profunda del sistema. De hecho, mantuvo la indexación del retiro con el IPC y se planteó como posibilidad a estudiar la elección de los años más favorables de la vida laboral para el cálculo de la pensión, lo que compensaría carreras con ‘agujeros’ por desempleo o precariedad .

Sí que se apremia al Ejecutivo a incentivar la aproximación de la edad real de jubilación y la legal y marcó un plazo de tres meses para que se compensen los coeficientes reductores de las prejubilaciones . Igualmente se llamó a incentivar los planes de pensiones de empresa frente a los individuales y a garantizar las prestaciones de viudedad a las parejas sin vínculos matrimoniales.