El presidente de ATA, Lorenzo Amor
El presidente de ATA, Lorenzo Amor - ABC

Lorenzo Amor: «Los autónomos que generan empleo serán los más perjudicados por el decretazo laboral»

¿Quieren volver a la etapa de las sirenas?, dice el presidente de ATA sobre el registro horario obligatorio que quiere imponer Sánchez

MadridActualizado:

«El Gobierno secuestrará el diálogo social y la negociación colectiva» si aprueba por decreto la contrarreforma laboral, asegura ABC el presidente de ATA, Lorenzo Amor. No duda en asegurar que serán los autónomos que generan puestos es trabajo los más perjudicados porque los cambios frenarán la flexibilidad que introdujo la reforma laboral de 2012.

Avisa que cuando se gobierna en clave electoral, como ocurrió con la subida del salario mínimo, es «pan para hoy y hambre para mañana» y recuerda que la efectividad de las reformas laborales dependen de si son o no pactadas con «los que pagan las nóminas».

¿Quieren volver a la etapa de las sirenas?, se pregunta el presidente de la mayor asociación de autónomos. Hace referencia al registro obligatorio de jornada que pretende imponer el Gobierno por decreto. Se trataría de implantar la obligación de las empresas a registrar los horarios de trabajo de sus trabajadores «para evitar abusos y facilitar la resolución de discrepancias».

Esta medida se incluirá en el decretazo que pretende aprobar el Ejecutivo en el último Consejo de Ministros de la legislatura. Una de las medidas estrellas es acabar con el protagonismo del convenio de empresa. Ello permitirá que lo pactado por sindicatos y patronales sobre salarios y jornadas de trabajo en los convenios sectoriales -estatales, autonómicos o provinciales- vuelva a estar por encima de lo que se acuerde en el seno de las empresas. Matarán dos pájaros de un tiro. Por un lado, se devolvería el protagonismo perdido a los sindicatos en las empresas y, por otro, se frenarían los recortes de salarios que implicó en 2012 dar todo el poder a las empresas en los convenios.

Sánchez quiere también recuperar el subsidio a los 52 años y fijar cláusulas de jubilación obligatoria en los convenios ligada a procesos de empleo y relevo generacional. Su idea pasa también por limitar los «descuelgues» para casos muy concretos, de «verdadera necesidad» y eliminar el actual límite de un año para la ultraactividad y que sea la negociación colectiva la que determine su duración.