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Límite 2020: el principio del fin del papeleo en el sector público

Autonomías, diputaciones y ayuntamientos aún están lejos de cumplir con lo que exigen las leyes 39 y 40/2015, que regulan la futura la Administración Digital en España que debe entrar en vigor el año que viene

MadridActualizado:

Los próximos días realizaremos nuestra Declaración de la Renta, una cita anual con la Agencia Tributaria que cada vez requiere menos papeleo y más horas frente al ordenador. Pues bien, como ilustra este ejemplo, la relación entre el ciudadano y las administraciones públicas evoluciona hacia lo digital. Sin embargo, tal y como concluye el estudio «La Administración Digital en España», elaborado por la consultora EY, ninguna de las 90 instituciones públicas analizadas (17 autonomías, 52 diputaciones y 21 ayuntamientos) cumplen con los requisitos (hasta 132 diferentes) contemplados en las leyes 39 y 40/2015 de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público (portal web, sede electrónica, firma electrónica..). El tiempo apremia: en octubre de 2020 entrará ambas normas en vigor en su totalidad, tras una moratoria aprobada el año pasado.

Desde el punto de vista de un ciudadano que quiere realizar una gestión, según datos de la Comisión Europea, la digitalización puede llegar a suponer un ahorro medio de 75 euros, aunque todo dependerá de la administración de que se trate.

A nivel de comunidades autónomas, hay un cumplimiento medio de la normativa del 77%. destacando el País Vasco (94,7%) seguido de autonomías como Galicia (94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%). En el otro extremo se encuentra Extremadura con un cumplimiento del 47,9% de lo requerido por la Ley, Aragón (51,2%) o Navarra (66,5%). Entre diputaciones y cabildos, se cumple de media con el 64% de las condiciones que pide la normativa, aunque hay una brecha entre las diputaciones de Guipúzoa (96,5%) y Sevilla (84,7%) frente a la Diputación de Guadalajara (18,1%) y el Cabildo de La Gomera (0,9%).

Por otro lado, entre los 21 principales ayuntamientos españoles se han cubierto de media ya un 64,5% de las condiciones que exige la Ley. En este apartado destacan los consistorios de Valencia (87%), Hospitalet (82,8%), Málaga (81,4%) o Madrid (81,4%). Lo que contrasta con los de Mérida, con apenas un 0,5% de cumplimiento, Elche (30,2%), Sevilla (30,7%) y Córdoba (45,1%).

¿Brecha digital en el sector público?

Preguntado sobre la existencia o no de una brecha digital dentro de las administraciones públicas, el socio de EY responsable de Consultoría de Sector Público Manuel Márquez apunta a varias condiciones para que las instituciones analizadas sigan avanzando: la «voluntad política», «la disponibilidad de medios económicos y humanos», «una estrategia digital que se mantenga en el tiempo» y «una visión a largo plazo» de la transformación digital. Por su parte, el profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade Esteve Almirall afirma que «el marco de referencia debería de ser el sector privado y, concretamente, las empresas digitales» y se muestra escéptico sobre que se pueda o no cumplir con los requisitos de las leyes 39 y 40/2015.

El estudio también señala tres materias donde el cumplimiento es bastante escaso entre las administraciones analizadas. En concreto, todo lo relacionado con el registro electrónico de documentos y los sistemas de representación: ninguna comunidad autónoma ni ayutamiento cumple con los requisitos al 100%. Precisamente estos capítulos serán obligatorios, a partir de 2020. Tampoco se ha avanzado mucho en lo que respecta a la firma digital y solo cuatro autonomías o cabildos lo tienen entre sus servicios. Entre los ayuntamientos, apenas dos cumplen en esta área.

Otro terreno árido para las administraciones es el de las comunicaciones y notificaciones al ciudadano. Apenas siete comunidades autónomas lo tienen en consideración, el 41,2%. Además de 12 diputaciones o cabildos (23,1%) y cuatro ayuntamientos de los 21 analizados (el 19%). En este sentido, Márquez (EY) apunta sobre las materias que más les cuesta a las administraciones, que a su juicio han pecado «de garantistas promoviendo mecanismos complejos y poco usables por los ciudadanos y empresas como el DNI electrónico».

«Convertirse» en Amazon

Desde la Junta de Extremadura han apostado por que el Gobierno central promueva «que la ciudadanía tenga un mínimo nivel de servicios en cualquier parte del territorio» y advertido que la brecha digital podría agudizarse los próximos años por «la menor disponibilidad presupuestaria». En esta línea, han reconocido el «esfuerzo» de la Secretaria de Política Digital - dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública -a través de herramientas compartidas, entre otras iniciativas.

De cualquier forma para Almirall (Esade) no se trata de un problema de dinero sino de «voluntad política» ya que el objetivo, según su visión, es que «los ayuntamientos se conviertan en algo parecido a hacer compras en Amazon». Lo que para este experto requerirá afrontar «una reconversión a nivel que a ningún político le apetece mucho: habitualmente se pospone sine die».

Pero, ¿qué ventajas tendría esta suerte de Amazon en el sector público? Tanto Márquez (EY) como el experto de Esade han coincidido en que no todas las administraciones cuentan con suficientes medios para llevar a término la transformación digital. Almirall recuerda que «las diputaciones vascas son muy diferentes de las del resto de España», mientras desde la consultora autora del in forme consideran, apuntan que el Gobierno central debería ayudar a las instituciones con menos recursos en este área.