La «letra pequeña» del último decreto del Gobierno

El Gobierno justifica su extensión a compañías ya en apuros porque la crisis económico derivada del coronavirus «constituye un obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que puede determinar bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio, abocando a las empresas a la liquidación, bien la dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable». «Es por ello que se considera imprescindible puedan acceder en las circunstancias actuales a un ERTE cuando hayan sido afectadas por la situación derivada del Covid-19», añade el decreto.

Al permitirles acogerse a los ERTE, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos confía en que estas empresas no vean menoscabada su viabilidad. Ahora bien, y como para el resto de compañías que presenten un ERTE a raíz del impacto el coronavirus, también estas deberán asumir el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad.

El Gobierno ha decidido prevenir ante un eventual reembolso masivo de fondos de inversión por el miedo de los ahorradores a la volatilidad de los mercados. La CNMV, según el último decreto de medidas urgentes, permitirá a las gestoras de fondos fijar plazos de preaviso que los clientes que quieran rescatar su dinero deberán cumplir.

El supervisor no ha detectado una fuga masiva de ahorros. De hecho, el pasado marzo, pese al hundimiento de las Bolsas, los reembolsos fueron de 5.130 millones de euros . Con esta medida preventiva, lo que se hace es dotar de herramientas a las gestoras para «en casos extremos gestionar de modo ordenado y equitativo posibles escenarios de acumulación de peticiones de reembolso que podrían afectar a la estabilidad y confianza en el sistema financiero», según la norma. Actualmente, las gestoras pueden exigir preavisos de diez días para reembolso superiores a 300.000 euros.

Ibercaja había trazado la hoja de ruta para salir a Bolsa antes del 31 de diciembre de este año y así cumplir con la ley de cajas, que obliga a la Fundación Bancaria Ibercaja , que controla el 87,8% del banco, a reducir esa participación a menos del 50%. La difícil situación del sector financiero primero, y la crisis del coronavirus después han complicado ese camino. El Gobierno ha dado un respiro a la entidad a través de su último decreto de medidas urgentes, en el que extiende en dos años ese plazo de desinversión previsto para las fundaciones bancarias. Ibercaja tendrá ahora hasta finales de 2022 para salir a Bolsa. Eso sí, si se acoge a esa ampliación deberá crear un fondo de reserva al que deberá aportar cada año al menos un 50% de los dividendos recibidos del banco.

Consciente de compañías españolas estratégicas han quedado a tiro de opa, el Gobierno aprovechó su primer decreto de medidas urgentes hace dos semanas para prohibir que cualquier inversor de fuera de la UE compre ninguna participación superior al 10% de una española sin su autorización previa. Ayer clarificó este veto, extendiéndolo a sociedades radicadas en la UE pero controlada por inversores extranjeros. Eso sí, agilizará la autorización para operaciones previstas antes del estado de alarma y aquellas de entre 1 y 5 millones de euros, y eximirá de su visto bueno a aquellas por menos de un millón.

El Gobierno ha adelantado por la izquierda a las principales compañías energéticas al aprobar unas medidas más contundentes y de mayor calado que las anunciadas por ellas en los últimos días para favorecer a los autónomos y pymes. Aquellas se han ofrecido a aplazar las facturas de este primer semestre, mientras que el decreto recoge la posibilidad de suspender temporalmente los contratos de suministro de luz y de gas de esos colectivos, medida impulsada por Pablo Iglesias. También se posibilita el cambio de la potencia contratada , al alza o a la baja, sin coste alguno.