El laudo en el conflicto de Eulen se suma a los de Aena, Iberia o gasolineras

El arbitraje obligatorio en materia laboral es una medida excepcional y extrajudicial que se adopta en situaciones de huelga sin visos de solución.

La potestad para promoverlo corresponde al Gobierno o a los Ejecutivos autonómicos si mantienen la potestad conforme a sus transferencias.

El primer caso de arbitraje obligatorio tras la transición política en España fue ordenado el 28 de julio de 1981 por el entonces director general de Trabajo, Francisco Somoza, para acabar con una huelga de gasolineras

Otros laudos de obligado cumplimiento dictados en España han sido los siguientes:

- 19 de julio de 1984 . Tras un mes de huelga de los pilotos de Iberia para exigir la retirada de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se obligó a las partes a acatar un arbitraje por el que la empresa retiró el ERE tres días después.

- 9 de septiembre de 1988 . La Generalitat, a petición el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos JJOO de 1992 (COOB), dictó un laudo para zanjar el conflicto que desde hacía nueve meses enfrentaba a patronal y sindicatos del sector de la construcción de la provincia de Barcelona y que había provocado retrasos en las obras olímpicas.

- 30 de mayo de 1990. El delegado de Trabajo en Baleares, Fernando Villalobos, dictó un laudo para solucionar un conflicto en el sector de la hostelería.

- 15 de abril de 1992. El Consejo de Ministros impuso un arbitraje en el conflicto de la limpieza que afectaba al Metro de Madrid, el Aeropuerto de Barajas y a varios edificios públicos, debido a los graves problemas sanitarios y de higiene provocados por una huelga de 23 días.

- 11 de mayo de 1993. El mediador nombrado por el Gobierno vasco dictó un laudo que puso fin a 47 días de huelga de limpieza de edificios de Vizcaya.

- 15 de junio de 1994. La Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco ordenó un arbitraje en la huelga en la empresa Transportes Colectivos (TCSA) de Bilbao, iniciada 22 días antes, por el perjuicio causado a los ciudadanos, el reiterado entorpecimiento del tráfico y la falta de diálogo entre la empresa y los trabajadores.

- 10 de mayo de 1996. La Generalitat decidió dictar un laudo, para poner fin a la huelga indefinida del sector de la limpieza, que afectaba desde hacía cuatro días a las provincias de Barcelona y Gerona.

- 13 de julio de 2001. El Consejo de Ministros impuso un arbitraje para resolver el conflicto entre Iberia y sus pilotos, que se encontraban en huelga por desavenencias en la negociación del convenio, tras la suspensión temporal de todos los vuelos por la aerolínea.

- 11 de abril de 2002. El Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó un arbitraje para resolver la huelga de transportes por carretera por la duración del conflicto (nueve días), la falta de entendimiento entre las partes, el incumplimiento de los servicios mínimos y el grave perjuicio para los ciudadanos.

- 1 de junio de 2002. Un laudo del mediador designado por la Generalitat, Rafael Hinojosa, presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social, puso fin a la huelga que realizaban los trabajadores de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) desde el 28 de mayo.

- 25 de junio de 2002. La junta de Andalucía ordenó un arbitraje en la huelga de limpieza de Málaga, que entraba en su octavo día, al considerar que el Ayuntamiento de la ciudad no había actuado correctamente, y nombra mediador al catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón.

- 26 de julio de 2002. Paloma Gordillo López, jefa de Inspección de Trabajo de Cáceres, designada árbitro por Junta de Extremadura, dictó un laudo que acabó con la huelga y el cierre patronal en Siderúrgica Balboa, un conflicto que duraba ya 43 días.

- 28 de febrero de 2011 .- El exministro de Trabajo Manuel Pimentel arbitró en el conflicto entre Aena y los controladores aéreos.

- 2012 .- El mediador Jaime Montalvo, propuesto por el Gobierno en el conflicto entre Iberia y sus pilotos por las desavenencias en la creación de su filial de bajo coste, dictó dos laudos, en mayo y en diciembre, ambos anulados por el Tribunal Supremo dos años más tarde porque excedían el objeto del arbitraje y limitaban derechos a terceros.