Sánchez monopoliza los fondos europeos y despista a las empresas

La situación de partida no es fácil. España es el país más golpeado por la crisis sanitaria y económica y la que peor ha gestionado ambas, según varios informes, el último el elaborado por Bloomberg y la universidad Johns Hopkins adelantado por ABC. La clasificación asume que España deberá encajar una caída del 11,7% en su PIB este año , lo que deja a nuestro país solo por detrás de Argentina.

El hecho de que Sánchez se reserve el control absoluto de los fondos y que no haya consensuado con la oposición y con los agentes sociales el decreto que regula los mecanismos para recibir las millonarias ayudas levantan muchas suspicacias en Bruselas, muy exigente siempre con que medidas de este calado se acompañen siempre del máximo consenso. España se la juega y son varios ya los avisos, también sobre la suspensión de pagos a países que vulneren el Estado de derecho o que violen la «independencia de los jueces».

Los riesgos de caer en un nuevo Plan E vuelven también en un momento en el que la mayoría de las empresas se interesan por las ayudas, pero desconocen si son válidos sus proyectos para optar a ellas.

El «Next generation EU», el maná europeo, se activará a partir del 1 de enero. Los planes de recuperación de los estados miembros, necesarios para acceder a este dinero, deberán aprobarse antes del 30 de abril para que los primeros avances de fondos puedan producirse a finales del primer semestre . De los 750.000 millones aprobados, 140.000 han sido asignados a España.

La aprobación de estos fondos supone una expansión fiscal inédita, que equivale al 4,5% del PIB europeo y hasta el 11% del PIB español. Se financiará con deuda conjunta de los países miembros a medio y largo plazo. Bien gestionado, puede tener un impacto enorme en nuestro país ya que los fondos exigen materializarse en inversiones públicas «transformadoras» y que se complementen con reformas estructurales. La evolución económica de, al menos, los próximos tres años de nuestro país va a estar marcada por cómo se ejecute este plan.

De los 140.000 millones de euros que le corresponden a España, 72.000 millones deberán gastarse en un plazo máximo de tres años. Este margen se amplía hasta los seis para los fondos que lleguen vía préstamos. Desde que se anunció este fondo, las principales dudas se concentran en la capacidad de nuestro país para absorber esta inyección y en la dificultad de ejecución de un volumen de fondos tan elevado en un periodo de tiempo tan corto. Los precedentes no son buenos. En los últimos años, nuestro país ha ido utilizando cada vez menos fondos europeos : de 2007 a 2013 ejecutó un 91,2% de los fondos, frente a la media del 94,1%.

Las estimaciones sobre el efecto que tendrán estos fondos en nuestra economía, actualmente sumida en la mayor depresión de su historia, están todavía «cogidas con pinzas» . Los expertos aseguran que su éxito depende de varios factores, tanto a nivel nacional como europeo. Hasta ahora, las cifras de previsiones sobre el aumento del PIB varían desde el 2,7% de la AIReF hasta el 6% del Ejecutivo. El Banco de España, por su parte, ha estimado un efecto de crecimiento del PIB del 1,3% en 2021 y del 1,8% de media en 2021-2023, pero ha incluido en sus cálculos el «efecto desbordamiento» del plan. El organismo asegura que el menor impacto que estima su departamento de análisis con respecto a los pronósticos del Gobierno se debe al «menor grado de absorción de los fondos». «Existe una incertidumbre muy elevada acerca de la capacidad de las administraciones públicas de absorber un volumen tan elevado de recursos en un periodo tan reducido», aseguraba el Banco de España recientemente.

El Gobierno, por su parte, estima que estos fondos elevarán un 6% el PIB por encima del escenario base, con una aportación de más de dos puntos en 2021, hasta el 9,8%.

La hoja de ruta a seguir para optar a las ayudas no está nada clara a pocos meses de que las autoridades europeas liberen estas cantidades. Entre las empresas españolas, la posibilidad de acceder a los fondos ha despertado un enorme interés , aunque también un gran desconcierto. Según se refleja en un sondeo realizado por la consultora KPMG y la CEOE, el 45% de las compañías consultadas quiere optar a ellos. El mismo sondeo refleja también que el 45% de las encuestadas desconoce si dispone de proyectos elegibles, porcentaje que se eleva al 50% en el caso de las pymes , mientras que entre las grandes empresas son cuatro de cada diez las que siguen teniendo dudas sobre los proyectos que deben presentar para optar a las ayudas.

Las dudas sobre la gestión de los fondos también se dejan notar en la encuesta. Más del 60% de los encuestados considera que deberían ser las empresas las que gestionaran directamente estas inversiones, mientras que un 24% optaría por un sistema de subvenciones y tan solo un 14% está de acuerdo con los mecanismos contractuales de la Administración.

Los socios europeos quieren tener sobre su mesa los cambios exigidos en las pensiones, el mercado de trabajo y avanzar en la unidad de mercado. Nadia Calviño ya traza las líneas maestras de los nuevos cambios con las autoridades comunitarias, pero las distintas visiones sobre las modificaciones en su Gobierno no se lo están poniendo nada fácil. La idea del Ejecutivo de Pedro Sánchez es presentar su porfolio de reformas el próximo mes de enero , pero el choque entre los ministros y los nulos avances en las mesas de concertación complican el objetivo.

El Eurogrupo presentó en septiembre un informe de la Comisión Europea que defendía que los gobiernos de los estados miembros debían acordar con los grupos parlamentarios tanto el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia como, en general, las reformas a implementar de cara al cumplimiento de la recomendaciones del semestre europeo. Sin embargo, el Gobierno aprobó el martes el decreto ley que regulará la gestión del plan de recuperación de la pandemia diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos europeos, que se publicará el día 1, sin contar con la oposición.

La Moncloa está centralizando la gestión de todos los fondos a través de una unidad específica, con el director de la Oficina Económica, Manuel de la Rocha , al mando. Sin embargo, buena parte de los fondos también se implementará por comunidades autónomas. De los 27.436 millones de 2021, 12.436 millones proceden del programa de cohesión , de los que 10.000 se destinarán a las comunidades autónomas. También habrá recursos para la colaboración público-privada.

El recuerdo del Plan E está aún demasiado fresco en la memoria de los españoles y recientemente el Banco de España ha hecho mención a este precedente. Y, aunque cree que en esta ocasión el país será capaz de absorber los fondos con más rapidez de los que lo hizo en el pasado, el director general de Economía recordó lo ocurrido con aquellas inversiones realizadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Según dijo, ambos planes tienen «ciertas similitudes» , y reconoció que el impacto de aquella actuación entre 2009 y 2010 fue «relativamente reducido». Aquel Plan quiso impulsar el empleo con 13.000 millones de inversión pública , pero sus resultados fueron muy discretos. Según el Banco de España por cada 100.000 euros de estímulo, el paro se redujo en 0,62 personas al año de forma que por cada nuevo empleo el Estado invirtió más de 160.000 euros.

El reglamento de los fondos comunitarios es claro con el comportamiento que exige a los estados más allá de los aspectos puramente económicos . La normativa aprobada recientemente incluye la posibilidad de la suspensión de los pagos a los países en los que la vulneración del Estado de derecho compromete la gestión del dinero europeo y, entre estos casos, incluye una mención expresa a la «independencia de la judicatura» . Esta cláusula llega a nuestro país en plena polémica por las reformas judiciales que está intentando impulsar el Gobierno y, en concreto, la que afecta al Consejo General del Poder Judicial . Bruselas ya alertó, a través de su comisario de Justicia, de que sigue con preocupación este proceso en España, y remarcó la importancia de que « se evite cualquier tipo de influencia política en el nombramiento de los miembros del Consejo».