Kirchner amenazó a Repsol con retirarle la concesión del mayor yacimiento de gas

El Gobierno argentino ha vuelto a tener otro encontronazo con una empresa española, aunque el asunto parece que no ha pasado a mayores

CARMEN DE CARLOS.CORRESPONSAL BUENOS AIRES./
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Repsol YPF ha modificado sus planes de mantenimiento y ampliación del yacimiento de gas Loma de la Lata, el más importante de Argentina y del cono sur, después de que el Gobierno argentino amenazara hace unos días con retirarle la concesión si persistía con sus planes, por implicar «eventuales estragos» en el suministro de gas y electricidad.

En una carta de extrema dureza, el Ministerio del ramo calificó de «despropósito», «falta de previsión», «decisión intempestiva», «negligencia» y «operación imprudente» el proyecto de obras de la petrolera.

En la misiva, dirigida al presidente, Antonio Brufau, el secretario de Energía, Daniel Cameron, le intimaba a que en un plazo de 24 horas dispusieran «formular los descargos correspondientes y aportar» a su Departamento «alternativas satisfactorias». En caso contrario, anticipaba, «se dará de inmediato inicio a los procesos sancionatorios previstos en la ley», que contempla, directamente, el «apercibimiento, suspensión o eliminación del registro», esto es, la concesión del yacimiento de Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén, que vence en 2027.

El motivo del enfrentamiento ha sido el cambio imprevisto de «las restricciones de inyección de gas para el mes de abril», comienzo del invierno austral. Según la carta, Repsol YPF se había comprometido «en la reunión de mantenimiento llevada a cabo el 26 de enero del 2005» y ratificada el «10 de marzo» pasado a rebajar el suministro, por obras de mejora y mantenimiento del yacimiento, a «22 millones de metros cúbicos», pero «en la reunión del jueves 31 de marzo se informó» que los recortes aumentarían a «279 millones».

«Despropósito»

Esta medida habría implicado, a su juicio, «un incremento en la restricción para el mes de 257 millones de metros cúbicos, que representan un aumento porcentual sobre el previsto del orden del 1.168,2%, es decir, un incremento de 12,68 veces».

«La magnitud de dicha modificación», insiste la carta, «es en sí misma un despropósito» que desencadenó la amenaza de suspensión de la concesión el pasado 4 de abril. El Gobierno de Kirchner, implicitamente, acusa de mala fe a Repsol YPF. Reprocha a la compañía no haber acometido «esas tareas en el mes de octubre de 2004» demostrando «negligencia» y «total falta de previsión». De seguir con los planes que tenían previstos, asegura que se habrían producido «eventuales estragos» en el «abastecimiento de gas natural y electricidad de nuestro país».

La reacción de Repsol YPF fue responder a la carta y, a tenor de los hechos, dar marcha atrás de inmediato a sus planes aunque considera que «los datos» que surgen en la misiva mencionada fueron «mal interpretados por algún miembro de la Secretaría a partir de una primera reunión entre técnicos de ambas partes y otras empresas del sector». En Repsol YPF intentaron quitar hierro al asunto y un portavoz dijo que «el problema está resuelto y la compañía está suministrando al sistema los mismos metros cúbicos (39 millones) por día que el año pasado».

Se da la circunstancia de que Gas Natural Ban, que al igual que Repsol YPF está controlada por La Caixa, es la única empresa de servicios públicos de capital español que ha renunciado, el 15 de marzo, sin contraprestación de ninguna naturaleza, a la defensa de sus intereses en los tribunales internacionales a petición de Kirchner. Una treintena de compañías, entre las que figuran Telefónica, Endesa y Aguas de Barcelona, mantienen sus demandas contra el Estado argentino en el Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Diferenciales que depende del Banco Mundial) por incumplimiento de contrato.

Renacionalizar los servicios públicos

Por otra parte, una amplia mayoría de argentinos quiere que el Estado retome los servicios públicos privatizados en la década pasada, según una encuesta publicada ayer por «El Cronista».

Un 78% de los vecinos de Buenos Aires y sus alrededores, donde residen casi la mitad de la población argentina, apoya que los servicios públicos sean controlados por el Estado, según un sondeo de la consultora Fara y Asociados.