Juzgan a partir de este lunes a 82 controladores aéreos de Baleares por los paros de diciembre de 2010

El origen de la situación que ha derivado en este proceso judicial cabe situarlo en diciembre de 2010, coincidiendo con el «puente» de la Constitución de aquel año, cuando los controladores que ahora serán juzgados no trabajaron, o bien no se incorporaron a sus turnos, o no cogieron el teléfono estando de guardia . Esa situación se produjo tras varios meses previos de conflicto laboral latente vinculado a la regulación de las jornadas de trabajo.

Los 82 controladores ahora encausados presentaron escritos en aquellas fechas en los que alegaron que no estaban en condiciones de poder desarrollar su función. Por su parte, el juez instructor de la causa llegó a la conclusión de que lo que se pretendía en realidad era paralizar el tráfico aéreo, sin tener en cuenta las repercusiones que esa circunstancia podría tener sobre las personas que tenían previsto viajar en aquellos días.

La actuación de los controladores de Baleares implicados en los paros provocó retrasos en los vuelos, falta de información, cancelaciones y el sucesivo cierre de los sectores aéreos, al no estar dichos trabajadores en sus puestos de trabajo. Esta situación se produjo no sólo en los aeropuertos de Palma, Ibiza y Mahón, sino también en otros aeródromos del resto de España . Todo ello motivó que el 3 de diciembre de 2010 se produjera el cierre del tráfico aéreo.

El Gobierno central decretó el estado de alarma un día después, el 4 de diciembre de 2010, y el tráfico se reanudó finalmente unas horas más tarde. Los citados hechos acabaron derivando con el tiempo en causas judiciales únicamente en dos autonomías, en Madrid y en Baleares.

Inicialmente, la Fiscalía planteaba que los 82 controladores de Baleares deberían responder ante la Justicia de dos posibles modos distintos, o bien por un presunto delito de abandono del puesto de trabajo y el consiguiente pago de una multa, o bien por un presunto delito de sedición, que podría implicar cuatro años de cárcel. En ese contexto, al parecer 75 de los citados controladores habrían llegado ya a un principio de acuerdo con el Ministerio Público, por el que estarían dispuestos a admitir un delito de abandono de funciones y a hacer frente a las indemnizaciones solicitadas en su momento por las acusaciones particulares. Por contra, habría siete controladores que no habrían llegado aún a ningún acuerdo con la Fiscalía y que todavía seguirían defendiendo que no cometieron ningún delito.