El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos - EFE

Un juzgado de Barcelona investiga a Mercedes Daurella por un supuesto delito fiscal

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha admitido a trámite la querella en la que la Fiscalía sostiene que Daurella defraudó 1,5 millones entre 2011 y 2013

BarcelonaActualizado:

Un juez ha abierto una investigación a la empresaria Mercedes Daurella, accionista de Cobega, una de las distribuidoras de Coca-Cola en España, a raíz de una querella de la Fiscalía que la acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 1,5 millones de euros simulando su residencia en Mónaco.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha admitido a trámite la querella, en la que la Fiscalía sostiene que Daurella defraudó 1,5 millones entre 2011 y 2013.

En la querella, el fiscal Miquel Àngel Pérez-De Gregorio detalla que Mercedes Daurella utilizó dos sociedades instrumentales domiciliadas en el extranjero para ocultar su titularidad sobre bienes y derechos y de las rentas que obtenía, "con la clara finalidad de eludir el pago de impuestos" en España.

Según el fiscal, Daurella residió en España "de forma habitual y permanente" entre 2011 y 2013, periodo en el que gran parte de su patrimonio también se encontraba en España, si bien figuraba "a nombre de sociedades interpuestas expresamente para ocultar a la verdadera titular y que, de paso, atendieron la mayor parte de sus necesidades y gastos".

En la querella se acusa a Daurella de usar una "estructura" de "sociedades interpuestas" para simular, por interposición de personas, utilizando las personalidades jurídicas Hestell y Well's Bay, "como medio para cometer un fraude a Hacienda, de manera que los millones de euros que percibió, como dividendos durante estos años, han tributado de una forma notoriamente reducida".

Residencia fiscal

En concreto, según el ministerio público, Mercedes Daurella defraudó con este sistema un total de 1,1 millones al no presentar declaración del IRFP de los años 2011 (en el que dejó de pagar por este concepto 205.118 euros), 2012 (398.101 euros) y 2013 (524.953 euros). Además, Daurella también defraudó, según la Fiscalía, en sus declaraciones sobre el Impuesto de Patrimonio de 2011 (127.320 euros), 2012 (154.393 euros) y 2013 (177.943 euros).

Según el fiscal, Mercedes Daurella declaró su residencia fiscal en el principado de Mónaco, pese a que tenía su residencia en España, "que es donde debía haber tributado por las rentas y sus bienes, en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio".

Entre sus rentas figuran las meritadas por Dotaciones y Servicios SA, procedentes de Cobega (distribuidora en España de Coca-Cola), que se pagaron, mayoritariamente, a través de una red integrada por la sociedad holandesa Hestell BV y la sociedad domiciliada en Curaçao Wells Bay Investment NV.

«No residente»

El fiscal apunta que Daurella no presentó declaración del IRPF en el periodo 2011-2013, aunque sí la presentó por el Impuesto sobre Patrimonio, en calidad de "no residente", alegando que tenía su domicilio en Montecarlo (Mónaco) y que su representante era la sociedad Cobega, con unas auto-liquidaciones de 7.963 euros (2011), 10.786 euros (2012) y 10.031 euros (2013).

Sin embargo, el ministerio público recuerda en su escrito que Mónaco no tenía firmado con España, en el periodo investigado, el Convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información, por lo que, en el caso de declarar la residencia en un paraíso fiscal, es el contribuyente quien la debe acreditar durante más de 183 días al año.

En el caso de Daurella, el fiscal apunta que aportó a la Agencia Tributaria varia documentación para justificar la veracidad de su residencia monegasca, a la que no da credibilidad, ya que lo contrapone con varios "indicios" que demostrarían que, en realidad, su residencia estaba en España.

En concreto, el fiscal aporta facturas en las que figura como receptora de servicios de transporte de documentos y paquetes efectuados en Barcelona, de taxi, de billetes de avión, de certificados de reuniones y certificados bancarios de cobro de cheques y retiradas en efectivo, "que demuestran la permanencia en territorio español de la querellada".