Julián Núñez (Seopan): «La agenda 2030 va a marcar las inversiones en infraestructuras»

—¿Cree que existe voluntad política para volver a invertir en infraestructuras?

—Creo que se está empezando a tomar conciencia, pero debería existir más contacto entre el sector público y el privado. La mejor forma de saber si un proyecto es viable es consultándolo al sector privado. Nuestro estudio busca establecer prioridades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar la economía de la región. Además introduce un análisis que es clave y es que para concebir un plan de infraestructuras hay que conocer su utilidad social o la rentabilidad socioeconómica. En el estudio que presentamos esta semana contemplamos los factores de beneficio que generarían estas actuaciones, como la reducción del tiempo de espera, el abaratamiento del transporte, el ahorro de costes sociales como los accidentes y el impacto medioambiental. La agenda 2030 va a marcar la política de infraestructuras de los próximos años.

—¿Cree que la Administración tiene recursos suficientes para abordar estas actuaciones?

—En el estudio no determinamos el origen de la financiación, pero sí hacemos una mención al futuro de las infraestructuras. Es necesario alcanzar un sistema que garantice la sostenibilidad de las infraestructuras, independientemente del ciclo económico. La colaboración público-privada debe jugar un papel fundamental. En el foro de esta semana el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Vasallo, presentó un informe que tumba ciertos tópicos del modelo concesional. Este sistema presenta varias ventajas, como una transferencia de riesgos y el anticipo del beneficio social de las infraestructuras en una etapa de restricción económica. Además, permite un mejor servicio. Creo que en aquellas infraestructuras que sirvan para mejorar el transporte privado cabe pensar en modelos de financiación mixtos, donde además de utilizar fondos públicos se contemple el pago por uso del usuario. Pero en el caso del transporte público, como las cercanías o el metro, no cabe hablar de ingresos por usuarios. Lo que no tiene sentido en nuestra situación actual es no invertir en transporte público y seguir invirtiendo vía presupuestaria en carreteras. Hay que dar muchos pasos todavía. Lo importante es señalar que en Madrid no está todo hecho.

—Ábalos, el ministro de Fomento, planteó la opción de implantar el pago por uso en las autovías y causó una gran polémica...

—El Gobierno simplemente ha abierto este debate porque algunas autopistas de peaje están revirtiendo al Estado y eso incrementa el gasto público. Cada kilómetro de autopista que revierte genera una carga de 60.000 euros al año. Además, con el fin de las concesiones también se pierden ingresos fiscales, ya que el 42% del peaje aproximadamente retorna al Estado en forma de impuestos. Por eso nosotros planteamos la filosofía del pago por uso desde 2005, es un sistema que está vigente en Europa y resolvería muchas cuestiones en España, donde hay una gran desigualdad territorial. La realidad es que hoy los contribuyentes ya están financiando estas infraestructuras aunque no utilicen su coche y hay que priorizar gastos sociales como la educación, la sanidad. Este sistema también permitirá fomentar otros aspectos, como el transporte de mercancías por ferrocarril. Hay que esperar a que se forme Gobierno, pero el debate seguirá ahí.

—¿Qué impacto está teniendo en el sector de la construcción la parálisis política?

—La contratación pública, que es el indicador más fiable en este caso, ha crecido un 39% entre enero y octubre. Es cierto que las administraciones regionales y locales han frenado en seco las licitaciones, pero el Estado sigue manteniendo un crecimiento notable, del 106%. Aún así, hay una serie de planes que no se pueden poner en marcha por el parón político. Por eso es vital recuperar la estabilidad de Gobierno y tener en cuenta que la cultura del pacto va a ser muy importante en la próxima legislatura. Desde la CEOE estamos intentando que se eliminen las barreras que tiene el modelo concesional en España, como la ley de desindexación. Pero ahora no se puede abordar.

—El sector ya intentó, sin éxito, que se suprimiera esta norma en la anterior legislatura...

—Creemos que no debería haber problemas en modificar el decreto que desarrolla la ley en los próximos meses. Estamos hablando de una norma que establece una rentabilidad del 2,5%. para proyectos a 25 años. Son infraestructuras que se construyen a largo plazo y que en ocasiones cuentan con importantes riesgos políticos. Por eso esta modificación es un asunto obligado y prioritario. Los fondos piden unas rentabilidades moderadas que, al menos, les proteja de la inflación. Si ponemos coeficientes tan bajos desincentivas la inversión.

—El Ministerio de Fomento también ha planteado movilizar suelo público para construir viviendas destinadas al alquiler social. ¿Cómo se ha acogido esta propuesta?

—Ha habido una respuesta positiva por parte de todos los agentes implicados. Debemos ser conscientes de que en España hay un problema de disponibilidad de renta para el alquiler. La propuesta de Fomento permitiría abaratar los precios y eliminaría una carga importante a las promotoras, ya que el precio del suelo es considerablemente alto en regiones como Madrid, donde es difícil encontrar suelos residenciales por debajo de los 1.600 euros por metro cuadrado. Es una iniciativa que ya está funcionando con éxito en determinadas regiones, como Cataluña, y desde luego es mejor que intervenir los precios del alquiler.

—Competencia multó en primavera a 15 empresas por repartirse contratos de Adif y pidió que se les impida participar en las licitaciones de la Administración. ¿Cómo valora esta iniciativa?

-Seopan ha solicitado en varias ocasiones una mayor transparencia en contratación pública. El año pasado publicamos un informe con EY que he remitido dos veces al Congreso y todavía no me han respondido. Fuera de España no tenemos estos problemas. La CNMC hace un trabajo muy importante, pero muchos de los procesos que abre no terminan en nada. Por ejemplo, la investigación por las obras de la Sagrera en Adif. Su apertura dejó en una situación muy complicada a directivos y empresas, pero al final todo el mundo ha quedado absuelto. Hay que tener mucha prudencia con estos casos.

—La economía española está dando señales de agotamiento, tanto a nivel de empleo como de PIB. ¿Qué alcance cree que tendrá esta desaceleración?

—En los últimos meses se han producido varios acontecimientos a nivel internacional que han provocado cierta incertidumbre. Está el Brexit, la guerra comercial, la disrupción tecnológica... Aún así, no creo que vaya a estallar una crisis económica como la que se produjo en 2007. Hay que mantener el optimismo. Este país tiene las suficientes fortalezas para buscar soluciones, aunque será más difícil mantener el ritmo de la economía sin un gobierno estable. Es preciso continuar con las reformas. Las empresas también tienen que poner de su parte, por ejemplo mejorando sus políticas de responsabilidad social.