El juez imputa al jefe de Auditoría del BBVA en el caso Villarejo

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez estima parcialmente un recurso de reforma que había presentado ese mismo abogado, Felipe Izquierdo, que ya consta en este caso como perjudicado de aquellos contratos que fue suscribiendo el BBVA con Villarejo a lo largo de una década. El letrado pedía además de la citación de Gortari, que se impusiera ya una fianza de algo más de dos millones de euro s tanto a él como a Francisco González, pero este extremo ha sido rechazado por el instructor.

Sí ve pertinente citar a Gortari a la vista «del presunto carácter delictivo de los hechos que refiere» Izquierdo en su recurso y que puso ya por escrito en una querella: que tal y como se desprendía del sumario que se sigue en esta pieza separada número 9 de la macrocausa sobre Villarejo, había sido sometido a seguimientos y así, a una flagrante vulneración de sus derechos , siendo González presidente del banco y Gortari su jefe de gabinete. El primero ya está imputado, pero el segundo hasta ahora, no se había visto implicado en las actuaciones.

El juez razona que existen « indicios que permiten inferir, desde la provisionalidad de este momento, la participación del Sr. Gortari » en esos hechos y acuerda citarle como investigado «a fin de salvaguardar su derecho de defensa», para que pueda «explicar» si jugó o no, un papel en los mismos.

La imputación cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que se había adherido al recurso de Izquierdo en lo tocante a la necesidad de llamar a Gortari. No obstante, el juez deja claro en el auto que a quien da la razón es al letrado, pues «no comparte el criterio» de los fiscales en tanto que no habían interesado «práctica de diligencia alguna» y cuando se sumaron a la iniciativa, lo hicieron alegando que llamar al jefe de Auditoría del BBVA era «un imperativo legal». « No se puede compartir en modo alguno el argumento central que vertebra el recurso del Fiscal», dice el juez.

Aclara que en fase de instrucción, « el Magistrado no opera como una mera correa de transmisión de las partes, sino que estudia, valora y decide con una finalidad concreta, el esclarecimiento de hechos delictivos, y ello solo puede hacerse guiado por los criterios que le permiten desgranar aquellas diligencias que ayudan al fin previsto en esta fase preparatoria, y aquellas que no». Y «el sometimiento de una persona al procedimiento es un actor procesal que exige un esfuerzo por el instructor, en ningún caso puede resultar de una mera imposición legal».