El juez cita a Galán el 18 de enero como imputado en el caso Villarejo

La tanda de declaraciones empezará no obstante la víspera. El juez ha citado a Francisco Martínez Córcoles, que hasta el pasado octubre estaba al frente del área de Negocios de la eléctrica, y al que fue jefe del gabinete de la presidencia de Iberdola, Rafael Orbegozo.   El día 20 de enero será el turno de Iberdrola Renovables , imputada como persona jurídica.

Todos están investigados por presuntos delitos continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en relación a los proyectos que entre 2004 y 2017 realizó para la eléctrica el Grupo Cenyt, del comisario jubilado José Manuel Villarejo, por importe estimado en 1,1 millones de euros a través del entonces Jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.

El pasado 15 de noviembre la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, de tener a Iberdrola Renovables como investigada como persona jurídica por un presunto delito de cohecho, lo que ha dado vía libre para la fijación de la fecha. De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por ABC, será él quien esté al frente de los interrogatorios.

De acuerdo al auto de imputación, deberán responder por una batería de proyectos encomendados a Villarejo y que para Iberdrola tenían «naturaleza de confidenciales» : «El TC, llave para el desbloqueo del CGPJ De hecho, los indicios del presunto delito de falsedad lo son por la supuesta manipulación de las facturas para encubrir los conceptos que realmente se estaban sufragando, algo que ya reconoció en sus declaraciones el propio Asenjo.

En el caso « Proyecto Arrow» , desplegado entre 2004 y 2006, tenía por objeto superar los obstáculos en la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). «Los trabajos (...) se concretaron en numerosos informes y gestiones que fueron documentados entre los años 2004 y 2006. Estos informes incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación», exponía García Castellón en el auto de imputación.

Villarejo, en esta época, era policía en activo; Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado en Iberdrola -hasta el mes de abril de 2006 en que fue nombrado presidente-, Fernando Becker era director de recursos humanos y servicios y Francisco Martínez Córcoles ocupaba el cargo de director de generación.

Para el instructor, hay indicios de que la compañía quiso ocultar estos trabajos porque las facturas no fueron emitidas por la eléctrica sino por otra empresa que les prestaba servicio , Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa). Este asunto fue puesto de manifiesto con el ex director de control de Iberdrola, José Antonio del Olmo, que está igualmente imputado en la causa por orden de la Sala de lo Penal bajo sospecha de que confeccionó precisamente, un informe interno que apuntaba en este sentido y que en 2004 guardó bajo notario porque apreciaba irregularidades y quería protegerse si se acababan descubriendo.

Sobre este asunto, la auditoría interna de Iberdrola concluyó que «no se puede deducir que las facturas identificadas como sospechosas» por Del Olmo y emitidas por Casesa «correspondan a servicios prestados por personas físicas o jurídicas vinculadas» a Villarejo, como «tampoco puede confirmar» que esa empresa no realizase los servicios. La cuestión es que la AEAT reveló que esta empresa de seguridad hizo pagos a la del comisario por importe de 407.740 euros en 2004. De ahí que se les vaya a tomar declaración para esclarecer si esas facturas estaban enmascarando los trabajos del comisario .

En cuanto al proyecto «Black Board», desarrollado entre 2004 y 2005, tenía por objeto conocer información sensible sobre Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, que poder utilizar para incidir en sus actuaciones futuras. En la documentación que generaba el comisario se incluyen «de nuevo, tráficos de llamadas entrantes y salientes» de los investigados e igual que en el caso de «Arrow», presenta irregularidades en la facturación.

«Posy» fue más tardío y se habría desplegado en 2009 centrado en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, «llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».

Mientras, «Gipsy», « habría tenido por objeto investigar a José María Álvarez Vázquez, quien fue director de servicios generales de Iberdrola, S.A., y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, al sospechar la compañía que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales, extendiéndose también la investigación a las vinculaciones que José María Álvarez Vázquez hubiera podido tener con Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS».

Se suman los proyectos «Wind», de mediados de 2011 y encargado por Iberdrola Renovables a través, de nuevo, de Antonio Asenjo para investigar a una sociedad suiza con la que la eléctrica se había aliado para desarrollar infraestructuras en Rumanía; y una investigación patrimonial de 2017 aunque para entonces, Villarejo ya no estaba en activo en la Policía.