Hacienda acepta que los interinos con más antigüedad ocupen su plaza sin opositar y salva el 'icetazo'

Finalmente, y tras un resultado de empate en la primera ronda, el decreto ley salió adelante de forma muy ajustada en la segunda votación: por un solo voto tras recabar 170 apoyos a favor, 169 en contra y ocho abstenciones. Para conseguir atraer los votos de ERC, la ministra María Jesús Montero no dudó en introducir cambios de calado a la norma elaborada por su antecesor en el cargo e incluyó la opción de realizar oposiciones no eliminatorias y, por otro lado, la posibilidad eximir así de ellas al personal temporal con más de diez años de experiencia que no haya obtenido plaza en ese período.

Montero ya adelantó durante el debate parlamentario que estos cambios se introducirían durante la tramitación del decreto como proyecto de ley y, al mismo tiempo, se comprometió a tenerlo aprobado a mediados del próximo mes de octubre. Según detalló Montero, el personal temporal con más de diez años de experiencia en la Administración podrá acogerse al artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta norma hace posible la valoración de méritos para el acceso como posibilidad excepcional en vez de obligar a pasar por un examen o prueba eliminatoria como requisito para obtener la plaza.

Otro de los puntos modificados facilitará que las comunidades autónomas tengan la última palabra y puedan elegir que la oposición no sea eliminatoria. En principio, esto será así para los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde un periodo superior a de tres años por personal interino.

El acuerdo inicial fue pactado por Iceta con los sindicatos semanas antes de su llegada al Congreso. El objetivo principal del decreto que hoy sale adelanto era conseguir regularizar a 300.000 interinos y conseguir que la temporalidad baje desde el 30% al 8%, una meta que se debía haber cumplido ya en 2020, según informó ABC. No obstante, los sindicatos apuntan a cifras más altas y calculan que el abuso laboral en la Administración afecta a entre 800.000 y 900.000 trabajadores.

Desde CSIF, sindicato mayoritario en las administraciones públicas, valoraron de forma positiva la convalidación del decreto para la reducción de la temporalidad y emplazaron a que dicho trámite se realice acortando al máximo los plazos para que se empiece a aplicar conforme a los tiempos pactados con anterioridad con los sindicatos. Los portavoces del sindicato también reclamaron que se dote de seguridad jurídica a la norma. «Debemos dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, favoreciendo la estabilización de su plaza con seguridad jurídica, para que los procesos selectivos no puedan verse truncados con posterioridad en los tribunales», advirtieron desde CSIF.

El pacto no fue recibido de inicio con satisfacción por los propios interinos, quienes a través de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal, protestaron para intentar tumbar el decreto aprobado por el Gobierno. Muchos de ellos se rebelaron contra el «icetazo» por, lejos de suponer una mejora laboral, amenazaba con dejar fuera a interinos con años de experiencia que no lograran aprobar las pruebas teóricas convocadas.