Los inspectores de Hacienda piden sancionar con más dureza fraudes como el de Màxim Huerta

La asociación también pretende sancionar con mayor fuerza casos como el del exministro de Cultura y actual presentador de "A partir de hoy" en TVE, Màxim Huerta, que utilizó una sociedad para enmascarar ingresos personales de cara a ahorrarse impuestos. De esta forma se esquiva la tarifa de IRPF que pagan las personas físicas para aprovechar los tipos de Sociedades, más bajos. "Se propone el endurecimiento del régimen sancionador para las conductas consistentes en la utilización con fines privativos o de carácter personal del patrimonio societario y, por otro lado, rescatar la regulación de un régimen de transparencia fiscal interna para evitar la colocación de ingresos personales en sociedades", recoge el documento.

Este ha sido el caso de artistas, deportistas y demás personalidades que han sido objeto de investigaciones de Hacienda los últimos años Una inspección de 2012 obligó a Huerta a pagar 365.939 euros a Hacienda por eludir 218.322 euros en IRPF entre el año 2006 y 2008 al cobrar sus rendimientos como presentador de televisión a través de una sociedad instrumental. Por ello dimitió como ministro aunque señaló que cuando él hizo esta planificación fiscal "era legal" y achacó el acta de Hacienda a "una caza de brujas contra críticos con aquel Gobierno ", en referencia al Ejecutivo de Rajoy, pese a que el Fisco empezó a inspeccionar a Huerta cuando Zapatero estaba en el poder.

El objetivo de los inspectores al pedir endurecer las sanciones y elevar transparencia para estos casos es"evitar la utilización abusiva de sociedades". "Ahora mismo no hay un sistema especial para estos casos. Nosotros pedimos que lo haya y sea más duro ", ha añadido ante medios la presidenta de la organización de inspectores de Hacienda, Berta Tomás Vidal. El vicepresidente Ignacio Fernández de Mesa señaló que si se aumenta la dureza de las multas se desincentivará esta clase de comportamiento s "como ocurrió con el carnet de conducir con puntos".

Pero la veintena de páginas de reclamaciones y sugerencias del colectivo también apunta a las diferencias de presión fiscal entre regiones. La asociación ha detectado un considerable c ambio de residencias entre comunidades hacia regiones con impuestos como Sucesiones o Patrimonio bonificados . Por ello exige programas específicos de actuación para evitar deslocalizaciones ficticias de personas físicas y jurídicas a otras comunidades autónomas.

El propio vicepresidente de la asociación, Saulo Marrero, abogó ayer, antes de la inauguración del XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda en Zaragoza, por “ reducir las diferencias ” de tributación entre comunidades. Una opinión que comparte con la ministra del ramo, María Jesús Montero, que también defendió armonizar Sucesiones y Patrimonio y hacer que en Madrid se pague más por estos impuestos. La ministra señaló el pasado jueves que trabajaría "conjuntamente" con la asociación de inspectores para idear los " mecanismos legales " necesarios para "gravar más a las fortunas".

Pero las peticiones del cuerpo también aluden a la estructura del Fisco. Por un lado, urgen a que la Agencia Tributaria recupere la competencia de controlar las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (Sicav), Estas sociedades, que tributan a un 1%, son de inversión colectiva con al menos cien accionistas. Sin embargo, el uso de «testaferros de paja» en este tipo de firmas, el llamado «fraude mariachi» para beneficiarse de estas ventajas sin cumplir los requisitos, ha elevado las críticas a estas figuras.

Hasta 2005 las controlaba la Agencia Tributaria, pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero le dio el control a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El actual Gobierno aprobó un proyecto de ley para recuperar este control para el Fisco, pero al convocarse elecciones el pasado mes de febrero, las cortes no llegaron a tramitarlo.

La otra gran petición de la organización es la “ integración de Tributos y de los Tribunales en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria , pues ello permitiría adoptar criterios e interpretaciones con mayor celeridad”. Ello supondría que los tribunales económicos serían parte de la Agencia Tributaria, así como la dirección general que se encarga de elaborar los impuestos y regular los criterios para cobrarlos.

Pero las propuestas de los inspectores no se limitan solo al ámbito nacional. También reclaman una tasa "sobre los movimientos de fondos hacia o desde paraísos" además de "no reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español" a aquellas empresas constituidas en paraísos fiscales.

En cuanto a los bancos con sucursales en paraísos, llaman a obligarles a suministrar información sobre los titulares reales de las cuentas so pena de prohibir que puedan abrir filiales en estas jurisdicciones. Ambas medidas, aclaran, deberían darse en un contexto de cooperación internacional, con la OCDE y la UE.