Inquilinos berlineses buscan un referéndum contra los grandes propietarios de viviendas

De poco sirven esos esfuerzos frente a la actividad de grandes inversores, que ven la vivienda de Berlín como una de las pocas inversiones seguras a largo plazo y que compran edificios enteros ayudadas por los tipos de interés históricamente bajos que en los últimos años ha mantenido el Banco Central Europeo. La mayor propietaria del país, Vonovia , ha crecido tanto que a finales del 2015 entró en la bolsa alemana. El año pasado se embolsó 2.411 millones de euros de beneficios, su máximo histórico.

Las organizaciones de vecinos no se resignan, sin embargo, y han puesto en marcha a través de la plataforma mietenvolksentscheidberlin.de una iniciativa para re coger las 20.000 firmas necesarias para someter a referéndum en la ciudad-estado una ley que prohíba seguir adquiriendo inmuebles a las empresas que posean ya más de 3.000 viviendas y que permita la expropiación de las que superen esa cantidad con el objetivo de convertirlas en vivienda social de titularidad pública, una medida que afectaría a unas 200.000 viviendas.

«El negocio funciona así: son grandes inversores que toman dinero prestado gratis y compran masivamente viviendas, obteniendo beneficios fiscales por ello y grandes ganancias por una única actividad económica, que consiste en utilizar mil y una tretas para echar cuanto antes a los antiguos inquilinos y volver a alquilar los pisos a precios mucho más altos», explica uno de los iniciadores de la recogida de firmas, Rouzbeh Taheri, que vive con la presidenta del partido Die Linke (La Izquierda) Lucy Redler. Nuestro objetivo es frenar ese proceso que solamente está perjudicando a los habitantes de Berlín, no nos trae nada bueno”.

La recogida de firmas ha comenzado a principios de año y, paralelamente, se están comenzando a llevar a cabo las primeras consultas legales, de forma que la propuesta de la ley, que todavía no es más que un borrador anotado en servilletas de cafetería, cobrará forma definitiva este mes de marzo.

El Ayuntamiento de Berlin también está comenzando a reaccionar y ha anunciado su intención de recomprar las 110.000 viviendas que vendió a inversores entre 2002 y 2007, con lo que se permitió eliminar unos 30.000 subsidios de vivienda de sus cuentas pero que contribuyó a engrosar el problema. En el Rotes Rathaus crece por momentos la impresión de que el asunto se les está yendo de las manos y que puede acabar poniendo en cuestión todos los principios de la economía social de mercado que rige Alemania desde el final de la II Guerra Mundial.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) local ha advertido contra un «peligroso cambio de coordenadas de la política berlinesa», en palabras de su secretario general Stegan Evers, que considera la propuesta de expropiación como «desleal a la Constitución alemana y al derecho fundamental de la propiedad». Pero los defensores de la iniciativa alegan que lo que está en juego es el derecho fundamental a la vivienda, que también recoge la Constitución alemana y que en las últimas décadas el Estado ha venido garantizando de forma efectiva.

Tehri llegó a Berlín en 1998, con solo 14 años, huyendo de la guerra entre Irán e Irak. Tras sus estudios sobre Economía en la Universidad Humboldt, f undó una empresa de venta por correo a través de internet que hoy trabaja para portales como Amazon. En 2011, la empresa propietaria del piso en el que vive convenció a los inquilinos para llevar a cabo una mejora en el sistema de calefacción. «Nos dijeron que supondría un gran ahorro en la factura mensual, pero con ella justificaron un aumento del alquiler superior a la factura de todo un año. Fue un engaño, muchos tuvieron que irse pero yo me resistí a pagar y estamos en pleitos. Me he dado cuenta de que solo si somos muchos podremos plantar cara a las grandes empresas y así es como comenzó toda esta historia». Llama a lo que defiende «realismo social».

«Sinceramente, no creo que tengan la más mínima posibilidad de revertir , casi ni de interferir en este proceso», afirma Karl Heinz Knauthe, uno de los más cotizados abogados del sector financiero berlinés, «la expropiación es solo el último recurso, cuando todo lo demás ha fallado, lo que no quiere decir que no puedan modificarse las leyes de alquiler, mejorando la protección a los inquilinos, y que no se puedan tomar muchas otras medidas».