El ingreso mínimo llega solo a uno de cada cinco hogares que lo necesitan

La gestión del ingreso mínimo vital se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción en el seno del Gobierno de coalición. Desde su precipitado nacimiento, hasta la gestión marcada por la llegada con cuentagotas de esta ayuda, esta renta promete ser una de las grandes batallas de la formación en cuanto el protagonismo morado en el Gobierno comience a languidecer. Nacida en un momento de máxima expectación social, la gestión de esta renta ha defraudado a pie de calle. Solo en los primeros diez días desde el inicio del plazo para solicitar este ingreso mínimo, se registraron 344.585 solicitudes, que siguieron creciendo hasta los 1,1 millones.

Los últimos datos disponibles desvelan que, en diciembre, esta prestación la ingresaban menos de 160.000 hogares de los 850.000 que el propio Gobierno se puso como objetivo cuando comenzó a rodar el pasado mes de junio. Según el Ministerio de Seguridad Social hasta la fecha se han resuelto el 80% de las solicitudes tramitadas, de las que se rechazaron el 50% mientras que a 181.000 se les ha pedido que subsanen errores administrativos. La mayor parte de las solicitudes denegadas superaban los niveles de renta y patrimoni o, según el ministerio.

Precisamente han sido estos retrasos los que han generado el caldo de cultivo perfecto para la polémica. Ya en abril, Pablo Iglesias adelantó por la derecha a José Luis Escrivá anunciando que el ingreso mínimo vital se aprobaría «en unos días» sin que el ministro de Seguridad Social tuviera conocimiento de ello. En octubre, el vicepresidente del Gobierno llegó a decir que era «una vergüenza» el retraso del IMV y sugirió también que había «peleas» en el Gobierno por este asunto.

Y la semana pasada la batalla llegó hasta el Congreso con el registro de doce enmiendas para «mejorar y solventar las deficiencias», momento en que su portavoz Pablo Echenique aprovechó para acusar al PSOE, su socio de Gobierno, de «más de seis meses de ausencia de respuesta a las propuestas de Unidas Podemos» en lo relativo a la prestación. El grupo confederal defiende que «es un proyecto que define un nuevo derecho social llamado a ser la última red de seguridad para las personas más vulnerables», y que el Ejecutivo no puede permitir que «funcione mal» y que «no llegue a todas las familias».

No obstante, el momento en que se debatirán estas enmiendas es aún una incógnita pues el real decreto del ingreso mínimo es una de las normas que siguen «atascadas» en la Cámara Baja , al igual que ocurre con más de la mitad de las leyes que fueron impulsadas durante el primer estado de alarma -de marzo a junio de 2020-, por lo que deberían haber entrado en vigor hace ya meses. En concreto, como ya denunció este diario, son 13 de los 20 textos urgentes los que siguen varados, con el agravante de que conforman el grueso de las 16 leyes que se lanzaron en aquel momento para ahondar en la lucha contra el virus y sus consecuencias económicas, sociales y sanitarias.

Los problemas se le multiplican a Pedro Sánchez con esta prestación. Ayer la Generalitat de Cataluña anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad para poder gestionar el ingreso mínimo. «Las competencia de prestaciones no contributivas son de la Generalitat» , aseguró el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani en una entrevista en Cataluña Radio. Criticó que el Gobierno «no tiene voluntad de negociar» y coordinarse con el Ejecutivo catalán, y sostuvo que se necesita una ventanilla única para pedir el IMV y la renta garantizada de ciudadanía, la prestación que ya gestiona el Govern.

La puesta en marcha del ingreso mínimo responde a un requerimiento continuado desde las instituciones europeas en los últimos años, especialmente desde el año 2014. De hecho, el refuerzo al sistema de rentas mínimas para reducir la pobreza y la desigualdad es una de las recomendaciones que Bruselas incluyó para nuestro país en el último semestre europeo celebrado en Bruselas antes de la aprobación del IMV. Y es que España era el único país de nuestro entorno que no contaba con una red de ámbito estatal para intentar evitar la exclusión social. La iniciativa era especialmente urgente pues, ya en la España preCovid, la tasa de probreza extrema rozaba el 7%, lo que supone duplicar la media de la Unión Europea y triplicar la de países como Alemania.