Un informe jurídico de las VTC tumba las opciones del Gobierno de resolver la huelga del taxi por decreto

Las empresas de VTC han remitido un informe jurídico al Gobierno, al que ha tenido acceso ABC, que tumba las opciones que barajaba hasta la fecha Fomento para solucionar el conflicto. El documento explica que de las pocas soluciones que tiene el conflicto es la de modificar la proporción 1/30 , porque, de lo contrario, habría que recurrir al procedimiento para leyes orgánicas.

Atribuir competencias por decreto ley a las entidades locales «resulta manifiestamente inadecuado desde el punto de vista constitucional» ya que este tipo de modificación de competencias habría de resolverse por «la vía de los instrumentos administrativos ordinarios» . En consonancia, atribuir las facultades a los ayuntamientos o las áreas metropolitanas supondría vulnerar principios constitucionales. «La aprobación de una norma con rango de ley vulneraría el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto que privaría a los interesados del derecho a la tutela judicial efectiva, que no puede ejercerse directamente contra las normas con dicho rango. Segundo, si se trata de validar un reglamento del Área Metropolitana de Barcelona, dictado sin competencia, también es reiterada la jurisprudencia en el sentido de que estas validaciones de normas o actos que han sido declarados nulos por los tribunales suponen una afrenta a la posición constitucional de la justicia y a su responsabilidad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Asimismo, el informe recalca que utilizar la fórmula del decreto ley obedece a razones de urgencia y necesidad, lo cual, según el documento remitido al Gobierno, no concurre en este supuesto . En cambio, entre las opciones jurídicas para validar este método de resolución del conflicto, los expertos apuntan a que solo sería válido para el caso de que haya que restablecer el orden público.

Otra de las opciones sobre la mesa pasa por, en lugar de transmitir competencias a los ayuntamientos, hacerlo a las comunidades autónomas. Pero, de todas formas, el decreto ley tampoco es la solución.

«Una ley orgánica no puede modificarse mediante decreto ley», reza el informe jurídico de las empresas de VTC. Y prosigue: «No pueden regular desde luego materias reservadas por la Constitución a la ley orgánica».

De esta forma, el documento rechaza de plano poder reformar las competencias atribuidas de las comunidades autónomas mediante esta fórmula. Así, el documento explica que solo podría hacerse bajo el procedimiento de ley orgánica, algo no previsto hasta ahora por el Ejecutivo.

De hecho, no bastaría con que el Congreso lo haga mediante ley orgánica sino que las comunidades autónomas han de aceptar esa transmisión de competencias. Lo cual, precisamente, se abordará hoy en la reunión entre el Ministerio de Fomento y la conferencia sectorial de estas regiones.

Esta postura era precisamente la mantenida ayer por la patronal de las VTC, Unauto, en voz de su presidente, Eduardo Martín : «Nos preocupa que el Ministerio esté considerado introducir un nuevo Real Decreto Ley y que lo haga, de nuevo, a petición y por dictado del sector del taxi», explicó el dirigente a través de un comunicado.

Respecto al problema que planteó el reglamento de Ada Colau sobre el Área Metropolitana de Barcelona y su facultad para exigir una licencia extra para ejercer la profesión, el informe jurídico es tajante: «Resulta contrario al ordenamiento jurídico europeo y al español la imposición de una doble licencia» .

El documento recuerda la suspensión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a esta norma por invadir competencias que, ahora, pertenecen al Estado. Y, además, el informe hace hincapié en que una medida como esta daría derecho a los titulares de licencias VTC a recibir una indemnización por el daño causado o por la privación de su derecho.