La infinita agonía de Banca Popolare y Veneto Banca

El Santander hizo una ampliación de capital de 7.000 millones de euros , para hacerse cargo de los problemas relacionados con la adquisición, y no hubo ninguna implicación económica del gobierno; en cambio, Intesa San Paolo ya ha señalado que no quiere poner más de un euro en esta operación de compra , planeando hacerse con la parte saneada de los dos bancos vénetos, es decir, los créditos « buenos », las oficinas que sobrevivan y la estructura comercial. En cambio, todo lo que es tóxico, los créditos deteriorados pasarían a formar parte de un «banco malo» que sería propiedad del Estado. El diario económico Il Sole 24 Ore afirma que la cuota de los créditos deteriorados de ambos bancos sería superior a lo previsto, por lo que «se proyecta un maxi-banco malo, con más de 20.000 millones de euros en su panza », que tendrá que gestionar el Estado, según Il Sole.

Hace un par de años, nadie hubiera imaginado este final para los dos bancos vénetos, cuando el entonces primer ministro Matteo Renzi y su ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, hablaban con orgullo de la «solvencia y excelencia de la banca italiana ». Eso hizo confiar a 208.000 accionistas, que paulatinamente han visto perder los ahorros de toda una vida: Sus acciones pasaron de valer 62 euros o 48 euros hasta los 10 céntimos.

La f uga de capital de los cuentacorrentistas en ambos bancos ha sido constante en los últimos tiempos. Por ejemplo, entre el 2012 y el 2015, Banca Popolare di Vicenza ha “quemado” 6.200 millones de euros de valor, quedándose a dos velas 118.000 accionistas y acumulando 1.600 millones de euros en pérdidas. En el mismo periodo, Veneto Banca, dirigida durante 20 años por Vincenzo Consoli, ha destruido 5.000 millones de euros de valor , arruinando a 90.000 accionistas y con pérdidas de 1.800 millones de euros. Además, el Fondo Atlante, creado para ayudar a los bancos en crisis, les inyectó 3.500 millones de euros. Eran un pozo sin fondo. Para no quedarse sin liquidez, Banca Popolare di Vicenza y Veneto Banca tuvieron que emitir bonos con garantía del Estado. Pero no fue suficiente para acabar con los problemas y la sangría de millones de euros diariamente.

¿Quién pagará la cuenta de esta debacle? En buena parte por el Estado. A finales del 2016 el gobierno aprobó un decreto ley, ratificado después por el parlamento, destinando 20.000 millones de euros para afrontar la crisis bancaria, en particular la quiebra de Monte dei Pasqui di Siena (MPS). Esa cantidad será superada ampliamente, porque a los rescates del banco de Siena y los dos vénetos hay que añadir otros cuatro salvados en noviembre del 2015: Banca Marche, Carife, Carichieti y Etruria.

Falta por conocer con precisión cuál será la participación del Estado en los dos bancos vénetos (rondará los 5-6.000 millones de euros), los accionistas y cuentacorrentistas en las pérdidas. El gobierno italiano negocia aún con las autoridades comunitarias y el Banco Central Europeo. Las reglas europeas constituyen un meandro complejo en el campo bancario , por lo que la negociación se está haciendo todavía cuesta arriba para Italia, aunque se espera una solución rápida: La Unión Europea pide limitar el peso de la intervención estatal. Esta es la clave de la negociación.