La inercia económica se consume en la inacción política

El Gobierno en funciones, muy consciente de la situación, ha alertado en innumerables ocasiones de los riesgos que entraña la falta de un Ejecutivo que pueda tomar decisiones en materia económica y, sobre todo, de reducción del déficit público, una de las espadas de Damocles que tiene encima España y que debe cumplir de manera obligatoria si no quiere, además de incumplir sus compromisos con la UE, ver como la desconfianza de los inversores empieza a traducirse en subidas de la prima de riesgo, o lo que es lo mismo, en alzas en el coste de financiación de la montaña de deuda pública que tiene nuestro país, y que se ha situado en julio en la cota histórica del 100,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Esta misma semana el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que mantiene estos días un perfil bajo en cuanto a apariciones públicas en corcondancia con las actuales características de su cargo, aseguró en una entrevista en Cope que «la evolución del déficit público no va bien este ejercicio y para lograr el objetivo del 4,6% del PIB marcado por Bruselas hay que modificar el Impuesto de Sociedades, ya que la previsión es que proporcionara unos ingresos de 25.000 millones de euros y no se va a alcanzar ni mucho menos esa cifra».

Pero la realidad es que, a día de hoy, sin Gobierno no se puede aprobar reforma alguna de este impuesto, fundamental a la hora de cuadrar las cuentas de este ejercicio ya que, sólo el déficit del Estado subió casi un 20% hasta julio y se situó ya en el 2,66% del PIB, números rojos a los que hay que sumar los de las comunidades autónomas, corporaciones locales y la Seguridad Social.

De hecho, De Guindos se comprometió con la Comisión Europea en julio a incluir un tipo mínimo en los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades, tal y como sucedía hasta hace un año, lo que podría arrojar una subida de la recaudación de 6.000 millones de euros.

Valentí Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas, es una de las voces autorizadas junto con la CEOE que ha criticado abiertamente la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de anticipar parte del Impuesto de Sociedades. El argumento de Pich es que «se trata de un impuesto estructurado y normalizado pese a que en 2015 los beneficios empresariales crecieron un 20% y la recaudación aumentó la mitad. Este descenso de la recaudación es fruto sobre todo de los más de 1.400 millones de euros que se perdieron en el primer pago fraccionado al suprimirse las medidas extraordinarias que se venían aplicando para calcularlo, que es lo que ahora se quiere revertir, junto con la rebaja de tipos que entró en vigor en 2015 y sigue vigente este año aunque en este caso se ve mitigada por la reforma orientada al ensanchamiento de las bases».

En cuanto a la inercia de la que se beneficia la economía española, De Guindos advirtió con rotundidad que «no hay inercia que dure para siempre ya que hay indicadores cualitativos, de opinión y de demanda de crédito que anticipan que la economía española se va a desacelerar en los próximos trimestres».

Esta opinión es compartida por la mayoría de los expertos. Raymond Torres, director de coyuntura y estadística de Funcas, cree que «la economía española viene creciendo con fuerza debido a factores que no se van a agotar como son los bajos tipos de interés, que reducen la carga financiera que soportan las familias con hipotecas, las empresas y el Estado, y el bajo precio del petróleo que, aunque en aumento, sigue en niveles bajos lo cual es esencialmente positivo para una economía tan dependiente de las importaciones de materias primas». No obstante, añade que «si se prolongara el embrollo político acabaría por afectar a la economía. Los compromisos europeos exigen decisiones en materia presupuestaria que requieren de un Gobierno. A falta de acuerdo, España se expondría a una multa, a la congelación de fondos comunitarios y a un posible aumento de la prima de riesgo».

La realidad es que un Gobierno en funciones no puede elaborar los Presupuestos, no puede aprobar leyes ni iniciativas económicas importantes, lo que supone que el nivel de incertidumbre aumenta a medida que pasan los meses y el recelo de los inversores hacia un país que está instalado en la provisionalidad política desde hace ya casi nueve meses, y con pocos visos de que la situación cambie a corto plazo, salvo sorpresas de última hora.

El impass político que vive España no hace que los plazos se paren y el 15 de octubre está a la vuelta de la esquina. Esa fecha es la tope para que nuestro país presente ante la Comisión Europea los Presupuestos Generales del Estado para 2017, para lo que materialmente ya no hay tiempo, o bien una prórroga de los de este año, que debe incluir una proyección de ingresos, gasto social, pensiones, desempleo y un largo etcétera. La realidad es que con una prórroga no se lograría una rebaja del déficit público hasta el 4,6% del PIB este año y el 3,1% en 2017.

En este contexto aparecen ya una serie de nubarrones en el horizonte económico, como es la caída de la inversión, que se espera que crezca este año un 5,4%, dos décimas menos de lo previsto inicialmente. En cuanto al consumo privado, las perspectivas siguen siendo buenas, ya que se espera un alza de un 3,2%, al hilo del aumento de la creación de empleo, a lo que se sumará una menor detracción de la demanda externa, que caerá solo un -0,3% este año, menos de lo previsto en un primer momento por el Gobierno.

Pero cuando de verdad se notará que la economía española echa el freno será en 2017, ya que la previsión de crecimiento, que es de un 2,3%, es fruto de que se espera una menor aportación de la demanda nacional, en concreto de la inversión, tanto en construcción como en bienes de equipo que, pese a ello, crecerá un 4,2% el próximo año. Esta ralentización se notará también en el empleo, que crecerá solo un 2,2% frente al 2,7% en que lo hará en 2016. Con esta foto fija de la coyuntura económica española los principales analistas coinciden en que la economía está empezando a notar la falta de un Ejecutivo capaz de tomar decisiones.

Desde BBVA Research, Matías Pacce y Camilo Andrés Ulloa advierten que «el detalle de la contabilidad nacional del segundo trimestre del año corrobora que la actividad económica se estabilizó entre abril y junio en el 0,8%, pese a lo que la economía cumplió tres años con expansión de la actividad y cuatro trimestres con un crecimiento anualizado del 3,2% a pesar de la elevada incertidumbre tanto interna como externa».

Este mismo gabinete de estudios asegura que la demanda doméstica contribuyó positivamente al crecimiento, con 0,2 puntos porcentuales, pero en menor medida de lo esperado dado que el comportamiento positivo de la demanda privada se vió empañado por la caída de la demanda pública, que retrocedió un 1,6%.

Desde el IE Business School uno de sus economistas, Rafael Pampillón, cree que «el problema fiscal es el tema más importante en el medio y largo plazo, ya que es lo que los mercados van a percibir de forma más negativa a medida que pasa el tiempo. Uno es el del déficit público, que sigue siendo uno de los más altos de la Eurozona, el segundo después de Grecia, y eso genera deuda que sigue creciendo. La diferencia entre ingresos y gastos públicos es muy grave por lo que hay que aumentar los ingresos o reducir los gastos de manera imperiosa. Yo lo que veo más factible es subir el tipo general del IVA al 21% y eliminar los reducidos». En cuanto al posible efecto de la inestabilidad política en la situación de la economía, Pampillón asegura que «de momento no la está perjudicando porque los tipos de interés son cero, la gente no ahorra porque no te pagan nada por tus ahorros y decide consumir, lo que está tirando del consumo interno, por lo que insisto en que una subida del IVA no sería mala porque, además, las importaciones pagan IVA y las exportaciones también en destino».

Por su parte, José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE Business School , coincide con el consenso de expertos en que «lo más importante para el próximo año son los Presupuestos Generales del Estado ya que sin ellos y alargando los actuales hay una serie de medidas de inversión y de reformas que no se van a hacer, y ese es el problema».

En materia de ajuste presupuestario Pin Arboledas cree que «en España tiene una condición: que no puede ser en materia de Sanidad ni de Educación ni de servicios sociales, que son básicamente los grandes partidas. La clave es gastar mejor. En servicios, por ejemplo se ha pasado de la compra clásica a la electrónica, y eso es un avance, porque lo que consigues es bajar mucho los precios de los servicio. Pues eso, habrá que hacer más eficientes los procesos. Y eso en el fondo, no son grandes reformas, es un tema de microadministración en el que es básico cómo organizamos los directivos del sector público». Pero el profesor del IESE cree que a medio plazo, el gran reto es lograr un «crecimiento sostenible» basado en un nuevo modelo productivo. Para ello se necesitan trabajadores «muy preparados», lo que implicaría una profunda reforma del sistema educativo que precisaría de un amplio acuerdo político, «porque ningún gobierno individualmente lo va a hacer».

Otro de los grandes temas pendientes que tiene España es la reforma de la financiación autonómica ya que hay regiones infrafinanciadas. Los expertos consideran que para este tipo de asuntos se necesita el consenso de todos los partidos de modo que, aunque haya un nuevo Gobierno, no tendrá más remedio que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para los grandes asuntos de Estado, entre los que están la reforma de la financiación autonómica.

Además de los cambios en el sistema de financiación autonómico, las reformas estructurales siguen siendo también prioritarias y éstas tampoco podrán ver la luz si no hay Gobierno. Con todo, los analistas internacionales no dejan de ver luz en el panorama de futuro. Holger Schmieding, economista jefe de la casa de análisis británica Berenberg, aseguraba hace unos días que «España ha sido un ejemplo en estos años de crisis, frente a casos como el de Portugal y Grecia. El país ha hecho reformas con determinación y ha hecho los esfuerzos suficientes para estabilizar el sistema bancario, de modo que la inversión extranejra volvió al país ya en 2013, lo que ha permitido que el país crezca a tasas del 3% anual y que esté aumentando también el empleo. Incluso si la alianza entre conservadores y liberales no obtiene los suficientes apoyos los sondeos aventuran que unas terceras elecciones no llevará a los partidos radicales antireformistas al poder, de modo que pese al impass político que vive España todo apunta a que el país seguirá en la senda económica adecuada para consolidar las reformas y, por tanto, el crecimiento y el empleo».

Pero Raymond Torres, de Funcas, insiste en que «el país se enfrenta a dos retos inaplazables, como son la contención de la deuda pública, que sobrepasa un año de renta nacional, y la reducción de la tasa de paso». La realidad económica, ajena a los tiempos (y los empecinamientos) políticos, exigen acción.

Uno de los asuntos que se verá directamente afectado por el parón político son las pensiones, que no se podrán revalorizar el mínimo del 0,25% que estaba previsto en 2017 por la falta de Presupuestos Generales del Estado, al igual que ocurre con los salarios de los empleados públicos, que en principio se quedarán congelados. Al margen de lo que pase con las pensiones el próximo año en materia de revalorización, lo que sin duda está pendiente es una reforma del sistema, ya que no es sostenible en el tiempo. Solo en julio el Ministerio de Empleo sacó 9.700 millones de la hucha de las pensiones, con lo que en el Fondo de Reserva quedan 24.207 millones de euros, cantidad que se aleja mucho de los casi 67.000 millones que acumulaba en el momento de mayor ahorro. Al ritmo que se está consumiendo la hucha de las pensiones, lo probable es que a finales de 2017 se agoten sus recursos y se tenga que recurrir a fondos procedentes de impuestos para pagar las pensiones. José Ramón Pin Arboledas, del IESE, y Rafael Pampillón, del IEBusiness School, coinciden que se tendrá que recurrir a los Presupuestos Generales del Estado para pagar las pagas extra de las pensiones y, a corto plazo, financiarlas también con deuda a tipos negativos.