Industria bajará la luz a empresas como Alcoa para evitar que cierren factorías

Las tres grandes soluciones que plantea el Ministerio de Industria ante la pérdida de competitividad que sufren las llamadas empresas electrointensivas, y que se incluyen dentro del decreto-ley de medidas de impulso a la industria y el comercio aprobado ayer, son crear redes eléctricas internas en los principales polígonos, elaborar un estatuto del consumidor electrointensivo que reconozca esa peculiaridad y el pago inmediato de las compensaciones por los costes derivados de las emisiones de CO2.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, defendió ayer en rueda de prensa que estas medidas tienen como objetivo reducir los costes energéticos de la industria, sector que definió como estratégico, garantizar su competitividad y tratar de elevar su peso en la economía nacional y en el empleo.

Respecto al primero de los objetivos, el Gobierno permitirá la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas en polígonos y regiones industriales donde se concentran algunas de las fábricas que más electricidad consumen, como Tarragona y Huelva, con gran presencia de compañías petroquímicas.

El Ejecutivo, que confía en que la medida disminuirá los costes de energía para la mediana y la gran industria, aunque no cifró esa reducción, se da ahora seis meses para redactar el reglamento por el que se fijarán los procedimientos y requisitos para constituir esas redes cerradas, pues ayer no detalló nada más.

En ese tiempo el Gobierno también elaborará un Estatuto del Consumidor Electrointensivo en el que se reconocerán las particularidades de estas empresas, como un elevado uso de la electricidad y de consumo en horas de baja demanda, así como una curva de consumo estable y predecible.

Con la creación de esta figura Industria considera que se proporcionará a estas compañías «escenarios predecibles para sus costes energéticos, dotando de seguridad a las inversiones industriales». Ese estatuto, en todo caso, no solo recogerá derechos, sino también obligaciones para estas compañías. Maroto avanzó ayer que a partir de ahora las subvenciones por costes energéticos que suele recibir estas empresas, como aquellas que compensan los costes indirectos de emisión de CO2, estarán condicionadas al mantenimiento de las factorías.

En concreto, los grupos empresariales que se beneficien de esas ayudas por CO2 u otras subvenciones estarán obligadas por ley a mantener su actividad productiva durante al menos tres ejercicios después de recibir ayudas y el 85% de la plantilla en caso de despido colectivo, impidiendo por tanto recorte de empleo superiores al 15%.

«Que haya un compromiso de continuidad para evitar casos de cierres de empresas que, una vez que ha pasado el periodo de devolución de los dineros, deciden irse», justificó la ministra, que explicó también la importancia de que estas empresas mantengan sus factorías y su arraigo territorial como medida contra la despoblación de determinadas áreas.

«Todos les ponemos nombre a estas empresas», añadió Maroto evitando referirse a Alcoa. Posteriormente, la ministra sí se refirió al caso concreto de la multinacional estadounidense, que a mediados del pasado octubre anunció el cierre de dos de sus tres plantas en España, las de Avilés y La Coruña, que dan empleo a 300 y 400 personas respectivamente, informando de que se ha conseguido que la dirección de Alcoa haya accedido al menos a sentarse a partir de la próximo semana en una mesa de negociación con sindicatos y administraciones.

Con el fin precisamente de asegurar el empleo en el sector industrial, el Ejecutivo socialista ha decidido prorrogar desde el próximo 1 de enero y hasta el 1 de enero de 2023 el llamado contrato de relevo, que permite la prejubilación parcial de trabajadores próximos a la edad de retiro al tiempo que se sustituyen esos empleos con la contratación de trabajadores jóvenes con sueldos inferiores e incluso bonificaciones en sus cotizaciones sociales.

La prórroga de este sistema, que se ha convertido en una palanca de muchas empresas para mejorar su competitividad y se usa sobre todo en sector como el del automóvil, estará limitada a la industria manufacturera. Con ella el Gobierno espera asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.