Las indemnizaciones por clima adverso dejan al seguro agrario al borde de las pérdidas

Agroseguro es la compañía conjunta del sector con la que los agricultores pueden suscribir pólizas para proteger sus cosechas. Además de esos ingresos por primas, la sociedad recibe una subvención anual del Ministerio de Agricultura, que este año asciende a 308 millones, y cuenta con la participación del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) , que es accionista con el 10% del capital y reasegura los riesgos más catastróficos. En caso de un exceso de siniestralidad, el CCS compensa el 90% de esos daños a mayores, y el resto se carga contra las reservas de Agroseguro.

Esas reservas se dividen en tres grupos diferentes -experimentales, viables y de retirada de animales muertos en ganaderías- según la probabilidad de ocurrencia de las catástrofes. Pues bien, la primera de ellas, que tras la elevada siniestralidad de 2017 quedó reducida a 8,03 millones y concentra aproximadamente el 70% de las contrataciones, se agotará este año.

Al no poder compensarse esa reserva con el remanente de los otros dos grupos, por ser independientes, lo previsible es que Agroseguro entre en pérdidas o quede al borde de las mismas en 2018. De hecho, ya el año pasado la compañía presentó un resultado técnico negativo de 23,25 millones que compensó con el reaseguro del CCS, que aportó 156 millones, y tirando de la reserva, lo que le permitió acabar con un resultado positivo de 10,2 millones. Este año el uso de esa reserva podría no ser suficiente.

Hasta el pasado 30 de noviembre la previsión de siniestralidad acumulada superaba los 723 millones. Los pedriscos reiterados, que han afectado principalmente a cultivos en Aragón y Cataluña , ha sido el fenómeno climático que más indemnizaciones ha generado con una previsión que ya supera los 300 millones, con especial incidencia en frutales (184 millones).

A la espera de los datos de este diciembre, esas indemnizaciones se situarán en línea con los 745,7 millones abonados en 2017, cuando la sequía provocó el segundo pago más alto en la historia del seguro agrario tras los casi 767 millones desembolsados en 2012 . Estas cuantías superiores a los 700 millones suponen un incremento de más del 40% respecto a los 500 que se venían abonando entre 2013 y 2016.

Las previsibles pérdidas de la entidad se trasladarían a sus accionistas, obligándoles a dar un resultado negativo en el ramo, que sería menor o mayor en función de su participación en Agroseguro. El primer accionista es Mapfre , con un 20,6% del capital social, seguido de Agropelayo (18,01%), Seguros RGA (13,55%) y Caser (13,39%).

Esto ha llevado a la industria a plantear una revisión del sistema de coaseguro. Para ello, el sector convocará una mesa de negociación entre las compañías privadas, la Dirección General de Seguros (Dgsfp), el CCS y la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) del Ministerio de Agricultura para buscar una solución a un sistema que en 2018 ha cumplido 40 años de vida y cuyo modelo de protección del agricultor es referente mundial.