¿Qué es el impuesto de las hipotecas?

¿Cuánto recauda?

Los ingresos de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales de 2017 ascendieron a 8.396 millones de euros, un 15% más que en 2016 y el importe más alto desde 2008. A medida que las compraventas han vuelto a despertar con la recuperación, así lo ha hecho la recaudación del tributo que en plena burbuja llegó a ingresar 18.441 millones de euros.

¿Qué regiones tienen un impuesto más alto?

El tipo sobre el valor de la hipoteca oscila así en documentos notariales entre el 0,5% de País Vasco y Navarra –en su caso la ley es foral, de cada diputación, no del Estado–, el 0,75% de Canarias y Madrid, el 1% de La Rioja, el 1,2 de Asturias y Baleares y el 1,5% en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Cantabria, Extremadura, Galicia, , Murcia y Comunidad Valenciana.

En un ejemplo de una hipoteca para una vivienda que no es la habitual del contribuyente por valor de 150.000 euros, en Murcia la factura de AJD escala a los 3.000 euros, frente a los 1.125 euros de Madrid y Canarias. Es decir, entre unas regiones y otras se puede pagar más del triple, según los datos del Panorama de la Fiscalidad Autonómica del Registro de Economistas y Asesores Fiscales (Reaf).

¿Qué comunidad tiene más ingresos por AJD?

La comunidad que más recauda tomando también el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, es Baleares con un 1,9% de su PIB en 2016, seguida de Comunidad Valenciana (0,91%), Andalucía (0,89%) y Murcia (0,72%). El mayor protagonismo de las regiones mediterráneas se explica por el peso de la construcción en sus economías. Aquellas comunidades con hipotecas medias más elevadas también tendrán un efecto mayor entre sus entidades bancarias tras el fallo del Supremo.

¿Afecta a todas las comunidades?

No. Todas las comunidades están en vilo por el fallo del Supremo salvo dos, País Vasco y Navarra. Ambas no deberán devolver ni un euro en caso de que les afecte, ya que las leyes forales sobre el AJD especifican con claridad, a diferencia de la de régimen común, que el tributo recae en el prestatario. En el caso de la ley de régimen común, no lo aclaraba la ley sino el reglamento de la norma –el artículo 68, de hecho–, que el Supremo ha tumbado por su insuficiente rango legal. Como apunta el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, así aparece en las normativas de Álava (artículo 26.d de la norma 11/2003), Guipúzcoa (artículo 8.d de la ley 18/1987) y Vizcaya (artículo 10.d de la Ley 1/2011). En el caso de Navarra, desde 2006 sí incorporó un artículo similar a la norma, lo que provoca que la comunidad no tenga que devolver nada a los afectados, ya que los ejercicios afectados están prescritos para las administraciones.