Hacienda solo logra cobrar el 30% de las multas y recargos que impone

Cuando un contribuyente no liquida a tiempo sus impuestos, la Agencia Tributaria se los reclama con sobrecoste. Si ha incurrido en infracción, el incumplimiento conlleva una multa. Y, en cualquier caso, la tardanza en el pago siempre acarrea recargos o intereses de demora sobre la cuota que no se pagó -o no a tiempo-. Todo eso conforma la «factura» que la Hacienda estatal cursa anualmente a los contribuyentes que le pagan tarde o mal. El monto total es de órdago: actualmente supera los 1.800 millones de euros, pero durante la crisis llegó a rozar los 3.000 millones: alcanzó los 2.827 millones en 2010, los 2.913 millones en 2012, y los 2.679 millones en 2013. Fueron años en los que la recesión hundió la liquidez de un buen número de empresas, con especial incidencia en el sector inmobilario, lo que disparó la cifra de impuestos impagados. Pero también eran años en los que había una normativa y unos controles menos eficaces a la hora de detectar con rapidez, perseguir y castigar comportamientos fraudulentos de quienes, pudiendo pagar los impuestos, eluden sus obligaciones tributarias o incluso ingenian fórmulas para estafar a Hacienda.

Pasada la crisis, los recargos y multas impuestos por la Agencia Tributaria descendieron considerablemente. Aún así, siguen sumando gruesos importes. En 2017 fueron 2.011 millones de euros, y en 2018 todo apunta a que superaron los 1.800 millones -hasta noviembre se llevaban acumulados 1.714 millones de euros en multas, recargos e intereses de demora cursados por el Fisco estatal-.

Eso sí, de lo que se impone a lo que se cobra hay un enorme trecho. En 2017 -último ejercicio con datos oficiales del año completo-, el Estado cobró 615 millones por estos conceptos, mientras que había cursado reclamaciones por valor de 2.011 millones de euros . Da una tasa de recaudación neta de tan solo el 30% sobre todos los derechos de cobro. Pero hubo ejercicios en los que la tasa todavía fue menor. En 2010, por ejemplo, ni siquiera se llegó al 22%.

En el último decenio, la Agencia Tributaria ha cursado multas y recargos por valor de unos 24.000 millones de euros, pero apenas ha logrado cobrar 6.500 millones. Es decir, el Estado ha perdido más de 17.000 millones en diez años por no ser capaz de cobrar las multas y recargos tributarios que ha impuesto.

El secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo , afirma que ese bajo grado de cobro efectivo que se da en las multas y recargos va en la línea con el que se produce, de forma general, en la recaudación de la Agencia Tributaria en vía ejecutiva -cuando se sale tras el contribuyente moroso porque no ha pagado en el plazo reglado-. «En su día ya dijimos que, de cada tres euros que se tienen que cobrar en proceso ejecutivo de apremio, solo se cobra realmente uno. Y el propio Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización que realizó al respecto, vino a confirmar que estábamos en lo cierto», explica Mollinedo.

Este portavoz de Gestha afirma que la gran cantidad de multas y recargos que se quedan sin cobrar evidencia, entre otras cosas, un considerable déficit de medios en la Agencia Tributaria. Algo -indica- que impide una mayor fluidez en la recaudación y que deteriora los ingresos públicos. Y recuerda que los impagos de multas y recargos son solo la punta del iceberg de la morosidad total que arrastra la Agencia Tributaria, «que llegó a estar en unos 56.000 millones de euros y que, tras unos años de bajada, actualmente ronda los 45.000 millones».

Mollinedo destaca que la Agencia Tributaria necesita más personal, pero también mejor aprovechado -dando más atribuciones al personal técnico de Inspección-. Según el secretario general de Gestha, la plantilla actual de la Agencia Tributaria ronda los 25.600 efectivos, «y necesitaríamos el doble, 25.000 más , para situarnos en la media ponderada de las administraciones tributarias que se da en el conjunto de la UE». «Si tenemos la mitad de efectivos de los que deberíamos tener, no es extraño que haya un déficit de resultados», afirma.Y advierte que el problema es mucho mayor que el que asoma en los balances de deuda tributaria acumulada, porque «la cifra que aparece es la de deuda aflorada, pero no la que está oculta, la que existe pero no se ha podido poner al descubierto y reclamar».

Otra solución que Gestha lleva tiempo reclamando es que se den más atribuciones funcionales a los técnicos de Inspección -antes conocidos como subinspectores-. De esa forma -afirma Mollinedo- se evitaría el actual desequilibrio que se da en la plantilla operativa de la Agencia Tributaria, «en la que hay unos 6.000 funcionarios técnicos, pero solo 800 inspectores». Gestha insiste en que los técnicos podrían asumir ciertas funciones que actualmente solo están reservadas a los inspectores y que no se pueden ejercer con la agilidad necesaria por las limitaciones de plantilla.