Hacienda primará más la población para repartir el fondo de 16.000 millones a las comunidades

Ello se hará restando unos 2.000 millones de euros en recursos a la parte de Sanidad (que baja de 10.000 a 9.000 millones) y de políticas sociales del fondo (que pierde otros mil millones) y aumentando en esta cantidad las de Educación, cuya distribución depende más de la población . Ello provocará que Madrid y Cataluña , las grandes beneficiadas por el anterior reparto al ser las más golpeadas por el virus, ahora reciban menos. Y Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia, perciben más que en el anterior reparto.

Desde Madrid señalan que si hay acuerdo y el fondo llega pronto, aceptan el cambio, mientras que Comunidad Valenciana y Galicia también ven positivo el nuevo reparto. Fuentes de la Junta de Andalucía apuntan que deben estudiar los nuevos criterios pero que no comparten que estos se impongan desde el Ministerio en lugar de consensuarlos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que convocaría un Consejo de Política Fiscal y Financiera para dirimir los flecos pendientes, aunque aún debe fijar fecha con las regiones, que esperan la llamada del Gobierno.

Como fuere, el nuevo reparto ha calmado los ánimos, después de que en la primera videoconferencia entre el Ministerio y los consejeros autonómicos a principios de mayo saltaran chispas , frente a comunidades del PP como Andalucía, Galicia y Murcia pero también del PSOE, con Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura al frente reclamando un cambio de criterio en los fondos.

La primera parte del fondo, como ya anunció Hacienda, empezará a pagarse en julio con 6.000 millones. Aquí se tienen en cuenta los ingresos en UCI, las hospitalizaciones, los positivos por PCR y la población ajustada o protegida. El siguiente tramo de 4.000 millones que también atiende estos indicadores aunque en distinto porcentaje, llegará en noviembre.

Junto a los 2.000 millones en Educación que llegarán en septiembre, parte del resto del fondo (unos 4.200 millones) atenderá la caída de la recaudación de impuestos cedidos y propios de las comunidades y se decidirá entre representantes autonómicos y el Gobierno. También se articulará un compartimento de unos 800 millones destinados a paliar el impacto en el Transporte de la crisis.