La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en la sesión de control que tiene lugar hoy en el pleno del Senado
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en la sesión de control que tiene lugar hoy en el pleno del Senado - EFE

Hacienda prevé mil millones más de déficit por el pulso entre la Generalitat y Acciona

El Gobierno provisiona esta cantidad por el conflicto sobre la concesión de Aguas del Ter-Llobregat

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El Ministerio de Hacienda ha reservado mil millones de euros de déficit para el año que viene por el conflicto abierto entre la Generalitat de Cataluña y Acciona por la concesión de Aguas del Ter-Llobregat. Así consta en el plan presupuestario enviado a Bruselas hace una semana en el que prevé un gasto extraordinario de mil millones por «diversas sentencias en comunidades autónomas». Fuentes del departamento explican que el grueso de esta provisión se corresponde a lo que puede perder la Generalitat de Quim Torrá ante la particular batalla que mantiene con Acciona, compañía que le reclama 1.074 millones por la resolución del contrato de gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL).

Al entrar en la categoría de gasto extraordinario o «one-off», este impacto elevaría en una décima el déficit del conjunto de las administraciones, que sin este efecto que solo entra en un ejercicio y por tanto no haría peligrar el objetivo del 1,8% prometido por el Gobierno. Precisamente, no es la primera vez en los últimos años que un gasto extraordinario de la Generalitat en infraestructuras eleva el déficit total. La Generalitat afloró en 2015 gastos que se produjeron de 2003 a 2007 que ascendían a 1.318 millones en asociaciones público-privadas para la construcción de autopistas y centros penitenciarios.

En esta ocación, el caso se remonta a 2012, cuando una sociedad encabezada por Acciona se adjudicó el contrato para la gestión de la empresa antes pública ATLL, que abastece de agua potable a 4,5 millones de habitantes de esta región, por unos 1.000 millones de euros.

El proceso fue impugnado por Agbar, la única empresa que se presentó al concurso además de Acciona. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) optó, en 2015, por anular toda la adjudicación en lugar de excluir del proceso a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales, como reclamaba Agbar.

Esta compañía y la propia Generalitat presentaron en el Tribunal Supremo dos recursos de casación contra el fallo del TSJC. Sin embargo, en febrero de este año el Alto Tribunal ratificó la sentencia. Como respuesta, en julio, la Generalitat aprobó por decreto la creación de una nueva sociedad 100% pública para hacerse cargo de ATLL, que en teoría empezará a funcionar el 1 de enero de 2019 y estará controlada por la Agencia Catalana del Agua.

Ahora, Acciona reclama a la Generalitat 1.074 millones de euros. Entre ellos, 305 millones corresponden a la liquidación del contrato y otros 769 millones hacen referencia a los «daños y perjuicios» causados durante el procedimiento. La Generalitat considera «desproporcionada» la cuantía. Y ambas partes enfilan de nuevo los tribunales.