Hacia la sociedad del gigabyte

A diferencia de lo que pudiera pensarse, el plan no es que estas nuevas redes se dediquen solo a las grandes empresas y usuarios privilegiados, sino que sean para todo el mundo, ya que son imprescindibles para áreas como la educación, la atención sanitaria, la industria manufacturera o el transporte. El objetivo que se ha marcado Bruselas es ambicioso, ya que pretende que en 2025 haya acceso a internet a una velocidad extremadamente alta, que permitirá a los usuarios descargar o cargar un gigabyte de datos por segundo.

Además, para la mencionada fecha el plan es que todos los hogares europeos, rurales o urbanos, deben tener acceso a una conectividad que ofrezca una velocidad de descarga de, al menos, 100 megabytes, a lo que se sumará que todas las zonas urbanas, así como las principales carreteras y ferrocarriles, tengan cobertura ininterrumpida de 5G, la quinta generación de sistemas de comunicaciones.

Y, llegados a este punto, la pregunta es obligada: ¿quién va a costear las cuantiosas inversiones que hacen falta para poner a Europa en la vanguardia tecnológica? Pues los planes de la Comisión Europea son que sea el sector privado el que asuma el grueso del desembolso, calculado en alrededor de 500.000 millones de euros, que supondrán un aumento del Producto Interior Bruto (PIB)de alrededor de 910.000 millones de euros y la creación de 1,3 millones de puestos de trabajo hasta 2025.

El comisario europeo de Agenda Digital y Sociedad, el alemán Günter Oettinger, ha asegurado esta misma semana que «necesitamos imperiosamente la puesta en marcha de la red 5G ya que de lo contrario no se podrán poner en marcha muchos proyectos, entre los que están los coches conectados o los que circulan sin conductor ya que ambos necesitan una red de baja latencia, cobertura total y confianza. Es por eso que la industria del automóvil y la de las telecomuniciones necesita unir fuerzas en este caso. Algo similar ocurre con la sanidad conectada, y con su alza de costes fruto de que la población cada vez está más envejecida en sitios como Europa, ya que el 5G ofrece la posibilidad de que la tecnología ayude a reestructurar nuestro sistema de salud en la medida en que los tratamientos se pueden prescribir a distancia».

Además de las áreas mencionadas, el 5G tendría también aplicaciones en energía y en redes de transmisión de ésta, realidad virtual, drones conectados y, por supuesto, robots.

Bajando al terreno de lo concreto, los planes de Bruselas, que de momento son orientativos ya que hay que tener en cuenta que la inversión que requiere este proyecto no depende directamente de ella, son que la explotación comercial de esta nueva red se pueda hacer en 2020, en un primer momento con al menos una gran ciudad en cada país conectada al 5G, de modo que en 2025 todas las zonas urbanas europeas estén cubiertas, así como los principales ejes de comunicaciones.

Y para ir avanzando en este proyecto, la idea es que se empiecen a hacer pruebas ya el próximo año, en concreto en marzo, que será cuando las empresas interesadas en esta nueva área de negocio como es el 5G puedan presentar sus hojas de ruta.

Desde la industria de telecomunicaciones europea las cosas se ven de otra manera, aunque comparten la necesidad de desplegar la nueva red. Tanto la patronal europea, DigitalEurope, como la española Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Contenidos Digitales (Ametic), acogieron favorablemente la revisión de las Directivas de Comunicaciones Electrónicas, que no se modificaban desde el año 2009, y han quedado obsoletas sin dar respuesta a los retos de una sociedad digital.

Según ambas organizaciones, «el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones representa una revolución que ha cambiado fundamentalmente la manera en que el ser humano piensa, actúa, se comunica y trabaja. La digitalización impregna todo y su impacto en la economía es enorme. La revolución digital es un hecho y Europa no puede seguir quedándose atrás. Es fundamental que Europa alcance los importantes objetivos que se han marcado en la estrategia Digital 2020, siendo necesario que se instaure un marco normativo nuevo que fomente la inversión, la innovación y la protección de los derechos de los consumidores».

Al mismo tiempo, y aprovechando la coyuntura, Ametic pidió que el despliegue de las nueva tecnología lleve aparejada una reducción de los impuestos para las empresas visto el montante de las inversiones que se necesitan, en forma de incentivos a las inversiones en infraestructuras de banda ancha ultrarrápida fija y móvil para todos los agentes del mercado. Además, las empresas piden una reducción de la regulación sectorial en favor de la regulación horizontal transversal al resto de sectores económicos, una armonización de las políticas de espectro para evitar fragmentación, el establecimiento de un marco regulatorio más equilibrado que garantice las mismas reglas para los mismos servicios o la actualización de determinados preceptos que han quedado obsoletos como el Servicio Universal o la definición de los servicios.

En todo caso esta asociación empresarial en la que se agrupan las grandes del sector (Telefónica, Vodafone, Orange, BT, Deutsche Telekom, Royal KPN, Telecom Italia o Telia y fabricantes como Ericsson o Nokia) ha explicado claramente que apuestan por esta nueva tecnología, el 5G, que será fundamental para atender las necesidad de una sociedad permanentemente conectada y hacer realidad la digitalización de la economía europea pero, a renglón seguido, añaden que «se necesita un criterio regulatorio más enfocado a estimular las inversiones y la innovación a futuro, así como la armonización del espectro en las bandas necesarias para desplegar estos servicios, como son 700MHZ y 3,2-3,8 GHZ y otras más altas, así como eliminar las restricciones que limitan el uso de las licencias actuales para la provisión de 5G».

Opiniones al margen, el que tendrá al final casi la última palabra en este cambio normativo será el Parlamento Europeo, fruto de la entrada en vigor de la codecisión en muchas materias. Pilar del Castillo, eurodiputada del Partido Popular y ponente de la propuesta de Directiva Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, considera que «el objetivo de la nueva legislación es facilitar la máxima conectividad a internet desde cualquier lugar de la Unión Europea y para todos. Nadie discute que, para lograrlo, el desarrollo de redes de alta capacidad es fundamental, lo que requiere de unas inversiones que esta propuesta debe fomentar. En algunos países, entre los que España se encuentra a la cabeza, los operadores han realizado importantes inversiones en el despliegue de fibra óptica indispensables para alcanzar este objetivo».

La eurodiputada, que tiene mucha experiencia en el sector de las telecomunicaciones en la Eurocámara ya que participó en la aprobación de la legislación sobre la reducción del coste del roaming en Europa, considera que «la inversión en el 5G es fundamental para que la transformación digital de la economía y la sociedad sean una realidad y puedan aprovecharse al máximo sus oportunidades».

En cuanto a los sectores más beneficiados, Del Castillo coincide en este punto con el análisis realizado por la Comisión Europea en el sentido de que «habrá crecimiento para todos los sectores económicos, por lo que la puesta en marcha del 5G tendrá un impacto muy positivo en muchas áreas de actividad, desde la energía al transporte pasando por la agricultura, la salud o la educación».

Sobre los plazos de aprobación de esta nueva legislación, la eurodiputada popular afirma que «la propuesta presentada por la Comisión Europea revisa y fusiona cuatro directivas y, por tanto, es una propuesta de contenido complejo que abarca la totalidad del marco regulatorio cuya última revisión data de 2009. El debate en el Parlamento Europeo aún no ha comenzado pero, en cualquier caso, a mí me gustaría que fuera ágil para que la negociación con el Consejo pueda iniciarse en un plazo razonable. La conectividad es una condición necesaria para el desarrollo digital de la Unión Europea y, desde esa perspectiva, esta legislación tiene un papel crucial por lo que, como representante del Parlamento Europeo, nuestro papel es contribuir a que esto sea, cuanto antes, una realidad. La Unión Europea tiene que estar en el primer vagón, en la locomotora, hacia un pleno desarrollo de la sociedad y de la economía digital, que debe beneficiar a todos los ciudadanos. Para el Parlamento Europeo es un deber contribuir a que esto sea cuanto antes una realidad».