Guindos reconoce que las «dificultades» para pagar las hipotecas persisten aunque bajan los créditos dudosos

Si bien, ha avanzado que cada vez son menos las familias con problemas y para demostrarlo ha puesto sobre la mesa que los créditos de dudoso cobro han caído casi dos puntos porcentuales desde el inicio de la crisis.

Desde el 6,3 por ciento de 2014 hasta el 4,7 por ciento actual, ha recordado, presumiendo de que la mayoría de las familias españolas abona abrumadoramente sus pagos hipotecarios.

El ministro ha pedido al Pleno la convalidación de un decreto que desde que llegó a la Cámara contaba ya con el acuerdo mayoritario de la oposición para sacarlo adelante, fruto de un acuerdo previo entre Economía, PSOE y Ciudadanos.

Incluso Podemos, que no participó en el acuerdo, ha dejado a un lado su habitual «no» a los textos del Gobierno para abstenerse en la votación, aunque con un discurso muy crítico, propio de un mitin político.

El diputado y activista, Rafael Mayoral, casi a gritos ha exigido al Gobierno que ponga fin sin excepciones a los lanzamientos forzosos sin alternativa habitacional y ha exigido «reparación» a todas las familias que han atravesado por este trance. Guindos escuchaba con absoluta tranquilidad desde su escaño.

El nuevo decreto amplía el radio de protección del decreto vigente actualmente para incluir a los desempleados, familias monoparentales con hijos a cargo, familias con hijos menores de edad y víctimas de violencia de género, entre los colectivos considerados de especial vulnerabilidad. Ninguno de ellos podrá ser lanzado de su vivienda en caso de impago.

Hasta ahora, para que un desahucio fuera suspendido una familia monoparental debía contar con dos hijos a cargo, mientras que para el resto de familias era necesario incluir a un menor de tres años de edad, o que los progenitores no solo no tuvieran trabajo sino que hubieran agotado todas sus prestaciones por desempleo. Las víctimas de violencia de género no estaban incluidas. Además la vigencia del decreto se extiende durante tres años más, hasta el 15 de mayo de 2020.

En los casos en los que las ejecuciones no puedan evitarse porque los titulares de las hipotecas no se encuentren en situación de vulnerabilidad, el Gobierno pondrá en marcha medidas para facilitar la recuperación de la propiedad. Por ejemplo, que los acreedores «compartan las pérdidas» con los ejecutados y se descuente del precio a percibir por el banco una parte pagada por el ejecutado «que solo cubrió el aumento artificial de precio causado por la oferta excesiva de crédito y la burbuja inmobiliaria».

También se podría tener en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda, la posibilidad de que se descuente una parte del importe satisfecho para la amortización del préstamo o las mejoras realizadas en el inmueble, entre otros factores que garanticen un precio equitativo «evitando situaciones de asimetría».

Por último, si el ejecutado se encuentra en el umbral de exclusión podrá solicitar al banco el alquiler de la vivienda por una renta anual máxima del 3 por ciento de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según tasación. Este arrendamiento tendrá un duración anual y un máximo de cinco años aunque si existe mutuo acuerdo puede extenderse por otros cinco ejercicios adicionales.

A la salida del Pleno, el ministro ha hecho referencia a los datos de encarecimiento de las hipotecas registrados por el Banco de España. Un alza que ha achacado al crecimiento del porcentaje de créditos para viviendas a tipo fijo pero ha subrayado que, incluso con esta subida, los tipos son «muy moderados considerando el contexto temporal».

Esto es, la vigencia del préstamo a «muy largo plazo», 15 o 20 años. «Hay que mirar no solo lo que puede pasar en los próximos meses y trimestres sino años», ha justificado.