Guindos rechaza la condonación de la deuda por «ilegal» y «sin sentido»

Guindos ha hecho un esfuerzo de divulgación y ha explicado que, al condonar la deuda, el BCE tendría dificultades para mantener el flujo de dividendos que paga al Tesoro nacional y vería dañado su propio balance, por lo que, desde un punto de vista contable, «la condonación de deuda puede suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno a corto plazo, pero con el tiempo afectaría a los dividendos obtenidos y se produciría una equivalencia contable con un efecto quizá mayor que el de la cancelación».

Con afán aclaratorio, Guindos ha criticado la falta de miras de algunos gobiernos excesivamente centrados en los efectos a corto plazo y no en el medio plazo, señalando que corren el riesgo de dañar su credibilidad y la independencia de los bancos centrales, así como la credibilidad de herramientas como los programas de compra de deuda implementados por el BCE. «Este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial, porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se vería muy afectada», ha advertido.

Alrededor de un centenar de economistas europeos se han adherido a un manifiesto encabezado por el economista francés Thomas Piketty, y que en el caso de España suscriben la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez . Los firmantes ven «positivo y útil» el debate sobre la anulación de las deudas en manos del BCE, en un contexto en el que casi el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del banco central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000 millones de euros. Lo que no explica el manifiesto es quién compraría deuda de los países afectados en el futuro inmediato después a una condonación, cuestión de la que depende la capacidad de financiarse de los gobiernos.

La de Guindos no es, naturalmente, una opinión aislada al respecto. El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha rechazado cualquier cancelación de deuda nacional. «No tenemos esa posibilidad. Pero aunque la tuviéramos, cancelar la deuda generalmente no es una buena idea». La también miembro del Consejo del BCE, Isabel Schnabel, ha declarado incluso a través de Twitter que «los tratados no lo permiten» y que «el debate es dañino y debería terminar». Incluso la presidenta Christine Lagarde rechazó la idea ante el pleno Parlamento Europeo por su ilegalidad . El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, ha recordado que «las deudas se pagan, ese es el principio de la deuda».

Holger Schmieding, economista jefe del Berenberg Bank, considera que «cancelar la deuda pública podría ser contraproducente, los inversores podrían verlo como una prueba de un recorte más amplio por el que, en última instancia, tendrían que pagar y el resultado sería costes de financiación dramáticamente más altos para los Estados involucrados».

«Son los gobiernos y no el BCE quienes tienen que comerse esta sopa », dice Markus Ferber, portavoz del PPE en la comisión de divisas del Parlamento europeo, «lo que están pidiendo es financiación gubernamental de facto del BCE y la experiencia muestra que esa es la mejor ruta hacia la hiperinflación».

En términos de lenguaje del BCE, una condonación de deuda nacional es un tabú que ni se menciona, porque el emisor europeo tiene expresamente prohibida la financiación pública y porque se vería abocado a la quiebra. Sin embargo todos los miembros del Consejo son conscientes de que, dado el nivel de endeudamiento, no parece posible que algunos de los países europeos lleguen algún día a pagar la deuda que han contraído con el BCE. Y en el contexto actual de recesión, resulta inevitable que las medidas de impulso no ayuden a los gobiernos a financiarse de forma más o menos directa.

Por eso en el seno del BCE se debate, no una condonación, sino posibles mecanismos a través de los que poder ayudar a disminuir ese nivel de deuda . Una de las sugerencias que se ha escuchado en los pasillos de Fráncfort es convertir las deudas nacionales, o al menos parte de ellas, en una especie de bonos perpetuos sin intereses. Los pasivos podrían adherirse así de por vida al balance del BCE y terminarían olvidados, pero las consecuencias de reputación serían igualmente graves, de manera que el debate gira sobre su propio eje y termina convertido en la pregunta sobre cuánto tiempo podrá el BCE seguir regalando dinero a los Estados miembros sin perder la confianza de los mercados.