Las gobiernos autonómicos se disponen a sacar tajada de herencias y grandes patrimonios en 2022

La información agregada de los 15 presupuestos autonómicos ya aprobados recabada por el Ministerio de Hacienda –solo faltan los datos de Andalucía y Castilla y León– revela que los gobiernos regionales confían en sacar más tajada que nunca este año 2022 de sus grandes fortunas , tanto a través del Impuesto de Patrimonio, que grava de forma directa el valor estimado de los bienes acumulados por los contribuyentes con una situación más acomodada; como a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que gravan las transmisiones de bienes y derechos entre familiares y allegados en vida (Donaciones) o por fallecimiento (Sucesiones) cuando superan el umbral 'de normalidad' que cada autonomía define como exento.

Las expectativas de ingresos de los gobiernos regionales por esta vía llegan a tal punto que aún sin incorporar los datos de Andalucía y Castilla-León los proyectos presupuestarios de las 15 comunidades autónomas restantes suman una recaudación esperada por el Impuesto de Patrimonio de 1.210 millones de euros , superior a los 1.195 millones que sumaban en 2019 las previsiones agregadas del conjunto de las 17 comunidades autónomas.

Esto es posible porque hay un grupo de gobiernos regionales, en su mayoría gobernados por el PSOE, entre los que se cuentan Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana, que han pintado para 2022 un volumen récord de recaudación por Patrimonio. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, espera recaudar un 29% más de lo que presupuestó para 2021 y Baleares y Cataluña, un 25% más. En conjunto, el incremento recaudatorio por este impuesto que esperan los gobiernos autonómicos es del 18%, lo que traducido a euros contantes y sonantes significará 185 millones extra.

Fuentes de uno de estos gobiernos autonómicos explican este fuerte repunte por un mejor comportamiento de la recaudación en 2021 respecto a lo esperado y por la expectativa de que este año continúe esta tendencia. Hay que recordar que el año pasado entró en vigor la reforma legal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos de 2021 que elevó del 2,5% al 3,5% el tipo marginal máximo del Impuesto de Patrimonio.

El Gobierno estimó en su día que la medida aportaría cerca de 340 millones de euros extra a las arcas autonómicas, aunque la revisión realizada por la Autoridad Fiscal, cuando su presidente era todavía José Luis Escrivá , actual ministro de Inclusión y Seguridad Social, redujo el potencial impacto de la misma a una horquilla de entre ocho millones de euros...y cero.

De cara a 2022 los gobiernos autonómicos no han previsto ningún cambio significativo en la normativa de sus impuestos de patrimonio, probablemente a la espera de lo que suceda con la propuesta de armonización fiscal del Gobierno, cuya activación se prevé en 2023 y que presumiblemente les proporcionará ingresos extra sin tener que mover un dedo. Cuentan, no obstante, una vez más para mejorar sus ingresos con la 'baza escondida' de las maniobras gubernamentales para hacer pagar más impuestos a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo.

En esta ocasión, esa baza es el nuevo valor de referencia de precios inmobiliarios del Catastro , que entró en vigor el pasado 1 de enero y que según asociaciones de asesores fiscales como Aedaf elevará la factura para los contribuyentes de impuestos como el de Patrimonio, los de Sucesiones y Donaciones o el de Transmisiones Patrimoniales al forzar a calcular la cuota impositiva a partir del 'valor objetivo' que estime Hacienda y no del valor de mercado atribuido al bien.

Sea por el motivo que sea, los gobiernos autonómicos han concluido que el contexto de 2022 les va a permitir obtener una cantidad importante de nuevos ingresos tributarios sin necesidad de tener que apretar las tuercas, al menos de forma explícita, a sus contribuyentes más acomodados.

Esperan, por ejemplo, que los impuestos de Sucesiones y Donaciones les aporten 300 millones de euros más de lo que se previó en 2021, lo que implica un incremento de recaudación del 14%, que en este caso sí está en línea con la recaudación real obtenida este año. Este dato, sin embargo, podría estar condicionado por las singulares circunstancias que se produjeron durante lo más duro de la pandemia y que han incrementado de forma exponencial el número de herencias resueltas en los últimos meses.

Menos justificada por los precedentes está la sustancial mejora de recaudación que se espera del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que grava principalmente las transmisiones a título oneroso de activos inmobiliarios y del que las comunidades autónomas esperan obtener en 2022 nada menos que 8.374 millones de euros, casi un 40% por encima de lo presupuestado para 2021 y más de un 30% por encima de lo efectivamente recaudado hasta el mes de octubre del pasado año.

Las cuentas de las comunidades autónomas parecen sostenerse más en el recuerdo de la recaudación obtenida antes de la pandemia que en la evolución mostrada durante el año 2021.

En conjunto, el plan de las comunidades autónomas para el año que arranca es obtener de los impuestos cedidos, y especialmente de los que gravan a los contribuyentes de mayor poder adquisitivo, 2.300 millones de euros más de los que se presupuestaron para 2021. Y eso sin apenas cambios normativos.

Estos llegarán, al menos eso esperan un buen número de gobiernos autonómicos, con la reforma fiscal que el Gobierno ha comprometido para 2023 . La expectativa es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no aguarde a la reforma de la financiación autonómica para abordar la armonización fiscal y desactivar las supuestas ventajas que obtiene la Comunidad de Madrid de su política de impuestos bajos o inexistentes en Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

La denuncia que realizan ejecutivos como el de Cataluña o la Comunidad Valenciana, y que el Gobierno Central ha asumido, es que la bonificación del 100% de la cuota del Impuesto de Patrimonio en la Comunidad de Madrid y las rebajas sistemáticas de la imposición sobre las herencias han generado un cuadro general de competencia fiscal desleal entre territorios dentro de Españ a, que ha provocado la huída de contribuyentes con grandes patrimonios desde otras regiones hacia la comunidad capitalina en busca de un mejor trato fiscal y que ha tenido como consecuencia la erosión de su capacidad para generar recaudación. La denuncia se basa más en indicios que en evidencias pero ha hecho fortuna en los últimos años al calor del relato del Gobierno en torno a la insuficiente contribución fiscal de las rentas altas.

Su exigencia es que el Gobierno Central instaure por ley un mínimo de tributación en ambos impuestos que desactive la exención total que existe en la Comunidad de Madrid y minimice los perjudiciales efectos para la recaudación fiscal general que, en su opinión, tiene esa apuesta por los impuestos bajos.

Las dos comunidades autónomas más beligerantes en esta pelea, la Comunidad Valenciana y Cataluña, son las que han presupuestado para 2022 incrementos más relevantes de su recaudación por Impuesto de Patrimonio, del 28,9% y del 25,4% respectivamente, y sin mediar ningún cambio regulatorio ni a nivel autonómico ni a nivel estatal.

Aunque la polémica se ha focalizado en Madrid, que ya ha empezado a maniobrar para impedir que el Gobierno de Sánchez condicione su marco fiscal con la elaboración de un anteproyecto de ley autonómico que pretende blindar el espacio fiscal madrileño, las diferencias en la tributación de los grandes patrimonios en España es ostensible entre unas comunidades autónomas y otras.

Según una estimación realizada por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), para un patrimonio tipo de 800.000 euros, el lugar dónde más cuota por Impusto de Patrimonio se pagaría sería Aragón (1.164 euros), seguido de Extremadura (1.099 euros), Cataluña (769 euros), Comunidad Valenciana (539 euros) y Navarra (475 euros). En el grueso de las comunidades autónomas, ese contribuyente pagaría entre 200 y 280 euros. Madrid, Álava y Vizcaya tienen bonificado el impuesto al 100% y por tanto sus contribuyentes no lo pagan. En la La Rioja (gobernada por el PSOE), el impuesto está bonificado al 75% y se pagarían 50 euros.