Los ayuntamientos podrán implantar peajes por circular dentro de las ciudades

Los ayuntamientos también podrán vetar la circulación de vehículos privados de motor en estas zonas, tal y como ha explicado la ministra de Transportes , Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde esta nueva propuesta de ley recibió su primer visto bueno. «Se trata de un ambicioso paquete normativo que abarca gran parte de la actividad que desarrollamos en el Ministerio», destacó.

Para crear estas tasas para circular en el centro de las ciudades será necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no. En todo caso, está previsto que la ley de movilidad no se apruebe hasta finales de 2023.

Fuentes del Ministerio de Transportes han añadido que lo que hará el Gobierno será incluir en el «catálogo» de las tasas estatales de las que disponen los ayuntamientos una relacionada con la circulación por dentro de las ciudades. Y luego serán los consistorios que así lo deseen los que pondrán en marcha estas tarifas. Según estas mismas fuentes, varios ayuntamientos, entre ellos, el de Barcelona ya han mostrado interés en implementar este sistema .

Respecto a los peajes en las autovías, en el Gobierno prefieren no poner fecha ahora a su implantación. Además, el Ejecutivo asegura tajantemente que estos peajes no afectarán a los transportistas, que podrán repercutir su coste a los cargadores.

«Es el eslabón más debil de la cadena y como tienen muy poca capacidad de trasladar a precios el incremento de los costes. A veces tienen que treabajar perdiendo dinero, lo que genera unas tensiones fuertes no solo a nivel empresarial sino también social», afirman desde Transportes.

La ley de movilidad también recogerá un «nuevo mapa concesional» para las líneas de autobús, tal y como ha explicado la ministra de Transportes tras el Consejo de Ministros. En concreto, el texto diseña un marco de libre concurrencia para las líneas de autobús interurbanas que permitirá que varios trayactos sean explotados por nuevas compañías, una reclamación del sector desde hace años. Además, el anteproyecto considera la movilidad como un derecho y «garantiza el acceso a ella de todos los ciudadanos con independencia de su renta y género».

Además del anteproyecto de la ley, el Gobierno también ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes un decreto excepcional para que los c ontratos de obra pública recojan el impacto de la inflación , un anhelo del sector de la construcción. El texto fija en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios de carácter excepcional. En concreto, toda modificación en el presupuesto de los contratos se limitará al 20% de montante original.

El órgano de contratación será el competente para aprobar la revisión excepcional de precios , si procede, previa solicitud del contratista, que deberá presentarla en el plazo de dos meses a contar, bien desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, bien desde la publicación de los índices de mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre de 2021, si esta publicación fuera posterior. Es decir, que las comunidades podrán decidir si aplican o no esta revisión

El Ejecutivo también ha dado luz verde a las medidas de ayudas a los transportistas a las que el Ejecutivo se comprometió en diciembre para desconvocar el paro patronal convocado justo antes de Navidad.

Se trata de un acuerdo de extraordinaria relevancia en un sector esencial para la actividad económica de nuestro país, que incluye un total de 20 de medidas tanto regulatorias (que se recogen en este real decreto-ley) como no regulatorias, que reflejan el compromiso del Ministerio con el sector. Entre ellas, se recoge la prohibición de que la carga y descarga de la mercancía se lleve a cabo por parte del conductor.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto del bono joven y las ayudas del plan estatal de vivienda entre las comunidades autónomas.