El Gobierno tirará de crédito y de 3.500 millones de la «hucha» para pagar pensiones

Pero el Fondo no será suficiente para afrontar la extraordinaria. Además, el sistema usará los 6.330 millones que quedan del préstamo de 13.830 millones que concedió el Tesoro a la Seguridad Social para hacer frente, precisamente, a la próxima paga extra. Así lo confirmó Valerio en una entrevista con Efe, en la que confió en la buena evolución de los ingresos de la Seguridad Social para poder retirar finalmente «un poquito» menos de 3.500 millones dado que «este año van francamente bien las cotizaciones con crecimientos interanuales de hasta el 8%», dijo.

En la paga extraordinaria de verano que cobraron los jubilados el pasado junio el Ejecutivo evitó recurrir a la «hucha» . Hizo frente a los pagos con 7.500 millones procedentes del citado crédito de 13.830 millones. Además, también utilizó los ingresos corrientes por cotizaciones sociales debido al crecimiento de la afiliación en la Seguridad Social.

En 2011, en el último año del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social llegó a su costa más alta, con 66.815 millones de euros . A partir de ahí, la hucha de las pensiones empezó a bajar como consecuencia de la destrucción de más de 3,5 millones de empleos, y de la caída de los ingresos por cotizaciones sociales que llevó aparejada la crisis.

Noviembre y junio son dos meses muy complicados para la Seguridad Social, que debe desembolsar la doble nómina que cobran los jubilados, lo que produce fuertes tensiones de tesorería. Cada mes el sistema abona casi 9.700 millones para pagar la factura de las pensiones, cifra que rozará los 20.000 millones de euros el próximo mes, teniendo en cuenta que también se liquidará el IRPF de los pensionistas.

Como ya informó ABC el recurso a los préstamos del Estado para financiar el pago de pensiones en los últimos dos años ha disparado un 82,3% la deuda de la Seguridad Social en solo dos años. El organismo que sostiene el sistema y que además se hace cargo de otras prestaciones como el desempleo elevó el pasado julio hasta 49.944 millones sus obligaciones. A cierre de 2017, la cifra ascendía a 27.393 millones , lo que supone que en menos de dos años el instituto de previsión ha engordado sus deudas con 22.551 millones más.

Además de la nueva disposición, Valerio también avanzó ayer que la primera medida que tomaría si repitiera en el cargo tras las elecciones del 10-N sería tramitar la derogación de la ley de Pensiones de 2013 «de una vez por todas». Esta decisión supondría acabar definitivamente con el Índice de Revalorización, que limita la subida de las pensiones al 0,25% en épocas de vacas flacas del sistema como la actual y con el Factor de Sostenibilidad , un mecanismo que vincula la cuantía de la pensión inicial con la esperanza de vida y que tendría que haber entrado en vigor este año, pero se pospuso a 2023 tras un acuerdo presupuestario entre el PP y el PNV.

Los anuncios de la titular de Trabajo no acabaron ahí. Valerio avanzó también que derogará los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Citó la ultraactividad, la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y también limitar los descuelgues.