El Gobierno reabre la licitación de obra pública

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno María Jesús Montero, ha desvelado en la rueda de prensa posterior al Consejo que se permitirá «que las administraciones puedan realizar anticipos de los contratos que se han suspendido por la emergencia sanitaria, una medida que beneficiará a un muy importante número de proveedores del sector público».

El artículo 34 del real decreto-ley por el cuál se estableció el estado de alarma reza que los contratos públicos «quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse». El artículo recogía no obstante cuatro excepciones: los contratos de servicios sanitarios; los de servicios de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informativos; los que garanticen la seguridad de las infraestructuras y los que sean adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos.

Los ayuntamientos y las comunidades se habían movilizado para revocar esta prohibición, reclamando en varias misivas al Gobierno que abra de nuevo la plataforma de la contratación para realizar actuaciones que consideran «esenciales». Hasta el momento, sin embargo, el Gobierno había hecho caso omiso de estas reivindicaciones. Incluso había asegurado que la contratación pública seguía abierta.

La rectificación del Gobierno hace prever una avalancha de licitaciones. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos , se ha marcado como objetivo no paralizar obras «estratégicas» que estén «próximas a su conclusión», aunque no ha descartado que tenga que revisar los plazos de determinados proyectos.