El Gobierno rescata a Celsa con 550 millones, pero rechaza a Abengoa y deja a la empresa al borde de la liquidación

De esta manera, la SEPI deja caer a Abengoa, empresa líder en energía y de la que dependen 11.000 trabajadores. La SEPI dejará sin usar casi 7.000 de los 10.000 millones que tenía con cargo a ese fondo, ya que el plazo para adjudicar esos fondos expira el 30 de junio, por lo que este Consejo de Ministros era el último para aprobar nuevos rescates. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, se ha limitado a decir tras el Consejo de Ministros que la SEPI sigue estudiando el informe, lo que Abengoa ha calificado de «tomadura de pelo».

PKF Attest y Grant Thornton , los asesores externos que contrató SEPI para decidir el rescate de Abengoa, concluyeron que la multinacional cumplía los requisitos para recibir ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, aunque matizaron que existían contingencias por pleitos judiciales millonarios pendientes. A pesar de eso, la SEPI consideró que Abengoa no era 'elegible' para ser rescata porque ya estaba en crisis en 2019 y porque tiene contingencias judiciales y extrajudiciales por 943 millones, así como contingencias fiscales por 2.000 millones no contempladas en su plan de viabilidad. Además, la SEPI argumentó que cualquier contingencia en la filial operativa Abenewco1 arrastraría a todas sociedades del grupo porque responden de forma solidaria en las operaciones de deuda.

La empresa recurrió esa negativa basándose principalmente en los informes de los asesores externos que consideraban que Abengoa cumplía los requisitos aunque hubiera riesgos 'potenciales'. Sobre las contingencias fiscales, judiciales y extrajudiciales por 2.900 millones, indicó que la SEPI elige «los peores escenarios y, por tanto, los más improbables», escudándose además en la «complejidad societaria de Abengoa»

El plan de reestructuración financiera de Abengoa estaba sustentado en cuatro pilares : el primero, la recepción por parte de la SEPI de 249 millones de euros en forma de créditos a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas; el fondo estadounidense TerraMar Capital prestaría 140 millones de euros para pagar a los acreedores deuda vencida e inyectaría otros 60 millones en forma de capital para hacerse con el 70% de Abenewco1 ; entidades financieras y el Cesce otorgarían 300 millones de euros en avales para poder optar a concursos internacionales; y los acreedores y proveedores aceptarían la condonación o conversión en capital de casi 3.000 millones de euros.

En base a ese plan, la futura Abengoa quedaría en manos de TerraMar (70%) y los acreedores como KKR, BlueMountain,, Signature, Alden Canyon, Goldman Sachs, Melgar o Santander (30%). A este plan se ha opuesto Clemente Fernández, presidente de la matriz de Abengoa , ya que esta empresa es actualmente dueña del 100% de Abenewco1 de forma indirecta y en el plan de reestructuración financiera quedaría con cero participaciones. La matriz de Abengoa, en concurso de acreedores, redacta ahora el convenio de acreedores que presentará y cuya aprobación está pendiente del rescate por la SEPI.

Por su parte, el rescate de la gigante siderúrgica Celsa, llega tras más de un año repleto de unas incertidumbres que se intensificaron en las últimas semanas. El Consejo Gestor del fondo de la SEPI dio el visto bueno a la concesión de 550 millones a la compañía catalana en mayo, pero la ayuda estaba supeditada a la aprobación de los fondos tenedores de la deuda de Celsa y al visto bueno de Bruselas. Dos factores que llegaron a solaparse por la falta de acuerdo entre la empresa y sus acreedores. Lo que obligó al holding público a aprobar el expediente aún sin este consentimiento para que pudiera llegar a tiempo a la mesa de la Comisión Europea.

El enfrentamiento entre la compañía y los acreedores, entre ellos los bancos de inversión Deutsche Bank y Goldman Sachs, y los fondos SVP y Cross Ocean para la llegada de los 550 millones sigue siendo intentso y todavía sigue sin acuerdo. Lo que puede comprometer la llegada del dinero. La última oferta conocida por parte de los acreedores pasaba por quedarse con el 75% de la compañía transformando los 2.400 millones que poseen de deuda en acciones, según aseguraron a este periódico fuentes cercanas a la negociación. Lo que alejaba todavía más el acuerdo, ya que antes de la aprobación de la SEPI, la intención de los acreedores era quedarse con el 49% del capital social, según estos mismos informantes.

Con todo, este apoyo estatal representa el de mayor cuantía por parte del fondo para empresas estratégicas, que, salvo sorpresa, no aprobará más ayudas. El de este lunes ha sido el último Consejo de Ministros donde el Gobierno podía aprobar apoyos estatales, ya que el fondo se liquida el 30 de junio sin opción a dar concesiones después de esa fecha, como así estipula la Comisión Europea.