El Gobierno recorta en mil millones de euros los ingresos de las principales eléctricas

La expresión ‘beneficios caídos del cielo’, muy utilizada por Unidas Podemos , se refiere a que esas centrales ya estarían amortizadas a lo largo de su extensa vida útil y no deberían beneficiarse en el mercado mayorista de los altos precios que se paga por la electricidad cuando el gas natural (la energía más cara) es el que fija el precio para toda la generación eléctrica. Es decir, la electricidad que se genera en las centrales nucleares y en las hidráulicas reciben un ‘sobreprecio’ que ahora el Gobierno quiere penalizar a través del ‘dividendo’ del carbono que perciben las tecnologías no emisoras de gases anteriores a 2005, básicamente la hidráulica y la nuclear.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en «las cuentas de resultados de las empresas». «Es legitimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles», dijo.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica defendieron que el mecanismo para acabar con los ‘windfall profits’ de la nuclear y la hidráulica, aunque también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005, es «robusto» jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas y es «compatible» con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2 .

Así, estimaron que la propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al que existió ya entre 2006-2009, con la minoración de una parte del ‘dividendo’ del CO2 a plantas no emisoras previas a 2005 que vendan energía en el mercado.

Este recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear, incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy y, en menor medida, a EDP España y Acciona , propietarios de estos activos. Sus títulos fueron ayer menos castigados en la Bolsa que en el día anterior, con caídas de entre el 0,29% (Acciona) y el 1,17% de Endesa.

Asimismo, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos. El restante 90% se destinará a financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), con lo que lo que tendrán que aportar todos los sectores al Fnsse será menor y «minorará tanto el impacto en el sector eléctrico como en otros vectores energético», añadieron las mismas fuentes.

Además, esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse) , con el que el Gobierno prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) para que sea asumido por todas las compañías energéticas con negocio en España con el objetivo también de abaratar el recibo. Este fondo fue también elevado ayer por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes tras superar el periodo de consulta pública.

Con ambas medidas, el Ejecutivo prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado ‘fondo verde’ es gradual, un 20% cada uno de los cinco años.

Hay que recordar que la creación de este fondo fue muy bien recibida por el sector eléctrico «para que no sean sus clientes los únicos que hagan frente al desarrollo de las renovables en nuestro país».

Sin embargo, desde las petroleras la opinión es la contraria. El consejero delegado de Repsol , Josu Jon Imaz , apuntó que «el sector eléctrico no puede pretender que otros sectores paguen su fiesta».

Asimismo, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española , constituida por las patronales de la automoción, refino, papel, química y farmacia, alimentación y bebidas, cemento y siderurgia ha destacado recientemente que ese fondo puede «agravar la situación de la industria española y poner en riesgo su futuro» y ha subrayado que su puesta en marcha generaría un coste acumulado para la industria de unos 2.650 millones de euros entre 2021 y 2025.