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El Gobierno prorroga las ayudas a las hipotecas, los alquileres y los suministros básicos

El vicepresidente Pablo Iglesias ha señalado que se han aprobado más de 200.000 solicitudes de moratoria de préstamos de vivienda habitual

El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EP | Vídeo: El Consejo de Ministros amplía hoy las ayudas sociales contra el coronavirus (AT)
Daniel Caballero

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Ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Así pensó el Gobierno cuando aprobó en marzo varias medidas de carácter social-económico. Entre ellas, las moratorias de las hipotecas y alquileres, así como el mantenimiento de suministros básicos (agua, luz...) a colectivos vulnerables. Todo ello estaba próximo a decaer este mes y hoy el Ejecutivo ha dado luz verde a su prórroga hasta finales de septiembre .

El Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de todas estas medidas, el «escudo social» , tal como señala el Ejecutivo cada vez que tiene ocasión. Podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre las siguientes medidas: la extensión durante seis meses de la prórroga automática de los contratos de arrendamiento que finalicen en este periodo; las moratorias a los alquileres y las hipotecas (en el caso hipotecario son 3 meses de plazo legal más nueve meses fijados voluntariamente por la banca); la percepción del bono social y la garantía de suministros básicos, como luz, gas y agua.

Asimismo, el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias , ha comunicado que la paralización de los desahucios también se ha prorrogado, en este caso hasta el 2 de octubre. Al mismo tiempo, el líder de Unidas Podemos ha señalado que se han aprobado ya 200.000 solicitudes de moratoria hipotecaria y otras 364.000 en cuanto a créditos al consumo. Sin embargo, no ha aclarado cuántas personas se han beneficiado de los avales ICO para el alquiler; se ha limitado a reseñar que harán públicos los datos cuando dispongan de ellos. La realidad es que el sector bancario ha tenido reticencias a sumarse a esta última iniciativa en concreto y apenas hay demanda en este sentido, según confirman fuentes financieras.

A costa de los desahucios, Iglesias ha protagonizado uno de los momentos más tensos del Consejo de Ministros . Preguntado sobre cómo proteger el derecho a la propiedad privada frente a los desahucios y ocupaciones, el vicepresidente ha incidido, una vez más, sobre el lado del que se posiciona: «Enfrentar el derecho de la propiedad con personas que se enfrentan a un desahucio pone el foco en que estas personas son delincuentes. Y eso no es aceptable en nuestro país. Si Unidas Podemos está en el Consejo de Ministros es porque en el pasado se hicieron cosas muy mal en lo que implicaba a desahucios». Y ha añadido: «No puedo aceptar que se sugiera que las víctimas de desahucios son delincuentes en este país».

Medidas para el transporte

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, ha comunicado que el Gobierno pondrá sobre la mesa 1.800 millones para los sectores de su área. Mil millones se los llevará Renfe, ya que el Ejecutivo ha ampliado la capacidad de endeudamiento de esta empresa para compensar la caída de los ingresos y permitir la reanudación de la actividad.

Otros 663 millones irán destinados a las empresas de transporte privadas y reducción de las tasas aeroportuarias. Y 110 millones más para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) pueda atender sus compromisos de obras públicas.

Asimismo, el titular de Transportes ha anunciado que las recomendación en materia de transporte aéreos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) devienen ahora en obligatorias. Entre ellas, medidas como el distanciamiento social, el uso de las mascarillas y el frecuente lavado de manos.

Vivienda

Por otra parte, el ministro de Transportes, ha informado también de la aprobación de un real decreto que abre la puerta a que el canon por la concesión de suelo público sea cero . De esta forma, mejora las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone en manos privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social duarnte un máximo de 75 años.

«Esta medidas tien como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España», ha apuntado Ábalos, quien ha añadido que el parque de vivienda para alquiler social es solo «del 2,5% frente al 5% de media en la Unión Europea».

El mencionado real decreto también permite a las autonomías el uso del remanente de proyectos que no han llevado a cabo dentro del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos en materia de acceso a la vivienda y asi no se vean obligados a reintegrarlo.

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