El Gobierno presiona a Bruselas para que Iberia pueda seguir volando tras el Brexit

Las normas comunitarias exigen al menos un 50% de accionistas de la UE para poder operar vuelos dentro del bloque europeo. IAG, holding integrado por Iberia, British Airways, Level, Vueling Airlines y Aer Lingus , suma actualmente un 49,54% de capital extracomunitario, toda vez que los inversores británicos ahora serán tratados como foráneos. Por ello, según ha podido saber ABC de fuentes de la secretaría de Estado de Comercio, el Gobierno presiona y presionará para flexibilizar esa legislación relativa a la propiedad y el control efectivo.

La intención del Ejecutivo es que el grupo de aerolíneas pueda continuar volando sin problemas, pero el capital ajeno a la UE de IAG se acerca peligrosamente al límite legal. Ante esto, las opciones en las que hacer hincapié son dos: que se aumente directamente ese porcentaje del 50% a una cifra aún por definir o que se siga considerando a los inversores de Reino Unido como comunitarios, pese a su salida. Lograr ese trato de favor para las aerolíneas, pensando directamente en este holding, es uno de los puntos clave sobre los que el Gobierno español no está dispuesto a ceder.

El plan de IAG para sortear el Brexit es por el momento un misterio, aunque la compañía se muestra convencida de que no tendrá problemas para mantener sus licencias de vuelo. En un primer momento, el holding aseguró que en realidad Iberia estaba controlada por una sociedad dependiente de El Corte Inglés y, por ello, debía ser considerada una compañía española. Pero la Comisión Europea no aceptó este argumento . Tras ello, el grupo elaboró un plan que remitió a las autoridades de varios países europeos, entre ellos España. Según han confirmado tanto el Gobierno como el grupo aéreo, este plan cuenta con la aprobación del Ejecutivo español.

Este apoyo es determinante para el caso. Las licencias de vuelo son expedidas en España por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) , por lo que, en última instancia, será este organismo el que decidirá si mantiene o suspende los derechos de vuelo de Iberia. Una decisión contraria de Bruselas, no obstante, podría provocar una avalancha de denuncias por parte de los rivales de la aerolínea.

Ante la inminente llegada del Brexit, IAG ha intentado españolizarse. Primero acometió la compra de Air Europa por mil millones de euros , una operación que permitirá a la compañía crear un «hub» de talla europea en el aeropuerto de Barajas. Tras ello decidió que fuera Luis Gallego, hasta el momento presidente de Iberia, el que sustituyera a Willie Walsh cuando este deje su puesto de consejero delegado en el grupo el próximo 26 de marzo. Javier Sánchez-Prieto dará a su vez el relevo a Gallego al frente de la antigua compañía de bandera, lo que provocará que tanto la dirección del conglomerado como la cúpula de sus tres principales aerolíneas (British Airways, Iberia y Vueling) queden en manos de directivos españoles .

La toma de decisiones parece por tanto más cercana ahora a Madrid. El capital social del grupo, sin embargo, sigue manteniendo el acento catarí. El peso de los extracomunitarios cayó hasta el 39,5% cuando la empresa vetó la compra de acciones por parte de estos accionistas, pero en cuanto se levantaron estas prohibiciones Qatar Airways aprovechó para incrementar su posición dominante en IAG y elevó su participación en el grupo hasta el 25,1%. Fuentes cercanas al máximo accionista del holding aseguran, en declaraciones a ABC, que la normativa comunitaria referente al control de las aerolíneas ya se está incumpliendo.

Sea como fuere, el tiempo apremia y el Ejecutivo ya se ha puesto manos a la obra. La UE y Reino Unido tendrán hasta octubre o noviembre para negociar el acuerdo comercial, ya que luego tiene que ser ratificado por los parlamentos británico y comunitario, además del Consejo Europeo. Cabe la posibilidad de solicitar una prórroga, aunque debería hacerse antes del 1 de julio. Y, de hecho, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, ya ha amenazado con romper las conversaciones en junio. La razón: su oposición a alinearse con las normas comunitarias, es decir, que busca libertad total para sus estándares y regulación.