El Gobierno obliga a las eléctricas a que su servicio de atención al cliente sea gratis

Tres meses. Ese es el plazo máximo que el real decreto para contener el déficit de tarifa , publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, ofrece a las comercializadoras eléctricas para poner a disposición de su clientes un servicio de atención telefónica gratuita para atender a sus reclamaciones sobre el suministro.

La luz sube, pero también los derechos del consumidor. El nuevo real decreto ley indica que, en su relación con los usuarios finales, las eléctricas deberán disponer de un servicio especializado de atención de quejas, reclamaciones, solicitudes de información o comunicaciones de incidencias. Para ello, no solo deberán ofrecer un número de teléfono gratuito , sino también una dirección postal, un número de fax y una dirección de correo eléctrónico para canalizar sus relaciones con los clientes.

La normativa aprovecha para transponer directivas comunitarias sobre suministro eléctrico y, con ello, para introducir el concepto de consumidor vulnerable de electricidad , cuya definición queda pendiente de desarrollo regulatorio. El perfil de este consumidor queda circunscrito a personas físicas y a su vivienda habitual, al tiempo que el Gobierno deberá adoptar las medidas oportunas para garantizarles una protección adecuada.

El real decreto ley estipula además un sistema de multas por incumplimiento de las nuevas normas por parte de las comercializadoras y exige a estas empresas que cumplan con los plazos de cambio de suministrador. Además, estipula que los incumplimientos de las nuevas normas pueden suponer para los comercializadores multas que no podrán sobrepasar el 10% del volumen neto de la cifra de negocios.

El decreto ley para atajar el déficit de tarifa tampco ha pasado desapercibido para las agenciasd de calificación. Fitch sitúo ayer en vigilancia negativa el «rating» de las eléctricas españolas ante la posibilidad de que el Gobierno les aplique nuevos recortes retributivos en la actividad regulada con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa.