Los ayuntamientos podrán imponer horarios y tarifas a Uber y Cabify

Hay que tener en cuenta que la patronal del sector, Unauto, había advertido al Gobierno que tendría una avalancha de demandas si transfería las competencias de las VTC a las administraciones territoriales. Y es que estaba previsto que muchos ayuntamientos impusieran ya al sector la necesidad de contar con una segunda licencia para operar dentro de las ciudades , lo que habría supuesto una pérdida de derechos para los propietarios de VTC. Al utilizar una moratoria para implantar la medida, el Gobierno compensa con tiempo en lugar de dinero al sector.

[Esto es lo que adelantábamos en ABC sobre el Real Decreto]

Tras este «periodo transitorio» de cuatro años, las VTC quedarán inhabilitadas para prestar servicio dentro de las ciudades y tendrán que adaptarse a la normativa que impulsen las distintas administraciones territoriales... si finalmente estas la aplican. No es descartable que determinados territorios no aprueben nuevas normas , lo que eliminaría a prácticamente todos los coches de Uber y de Cabify de las ciudades.

También hay cambios normativos que se podrán aplicar en cuanto quede articulada la norma, que pasará por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de un mes . Si bien no podrán impulsar de forma inmediata una segunda licencia, las comunidades y los ayuntamientos tendrán la opción de restringir las VTC. Tendrán facultades para imponer tarifas, horarios y sistemas de precontratación cuando circulen dentro de su territorio. Además, podrán vetar su presencia en las grandes ciudades cuando por ejemplo haya restricciones por alta contaminación.

Según ha podido saber ABC, el Ayuntamiento de Madrid estudia imponer al menos horarios a las VTC. También está previsto que Barcelona vaya en esta línea, teniendo en cuenta las restricciones que ha intentado impulsar la alcaldesa Ada Colau a Uber y Cabify.

Fuentes del Ministerio de Fomento han explicado en un encuentro con los medios de comunicación que el real decreto-ley aprobado este viernes «es constitucional y jurídicamente no tiene ningún resquicio». Además, recuerdan que las VTC estaban regidos por una normativa estatal porque se constituyeron para prestar un servicio interurban o , por lo que es lógico que si pasan a operar dentro de las ciudades (como ha ocurrido tras la aparición de Uber y Cabify) sean los ayuntamientos los que regulen su actividad.

Sobre las posibles represalias que adopte el taxi tras la aprobación del reglamento, fuentes del departamento dirigido por José Luis Ábalos han apuntado que no tienen «constancia» de que el gremio esté organizando una nueva manifestación. Hay que tener en cuenta que el sector esperaba que las comunidades asumieran ya las competencias del sector. De hecho, ayer, tras filtrarse el contenido del nuevo decreto, distintas asociaciones impulsaron movilizaciones en Barcelona, donde se encontraba Ábalos.

Además del decreto-ley aprobado este viernes, el Gobierno tiene previsto impulsar un anteproyecto de ley que contemplará nuevas sanciones para estos vehículos. No es descartable que esta medida contemple la posibilidad de revocar licencias si existen sanciones reiteradas. También está previsto que se ponga en funcionamiento un grupo de trabajo con las comunidades para establecer «buenas prácticas» dentro del sector.

Las reacciones a la medida del Ejecutivo no se han hecho esperar. Unauto ha emitido un comunicado en el que considera que, con este real decreto-ley, «el Gobierno cede al chantaje del taxi y pone en riesgo el futuro de 15.000 empleos estables en España».