El Gobierno japonés registra las oficinas de Mitsubishi por el falseo de datos

El canal también informó de que la administración ha dado de plazo a la compañía hasta el próximo 27 de abril para presentar un informe sobre este falseo de datos , cuyo verdadero alcance aún se desconoce.

También ha pedido a otras empresas del sector reportes sobre métodos utilizados en pruebas de eficiencia ante la posibilidad de que existan más irregularidades .

El caso contribuye a empeorar la reputación del sector, en entredicho tras el escándalo de manipulación de emisiones de Volkswagen, que incluyó un software en 11 millones de coches diesel para que redujeran el volumen de gases contaminantes a expulsar en el momento de ser testados .

Mitsubishi Motors admitió en la víspera que sus empleados modificaron la presión del aire de los neumáticos durante las pruebas para evaluar el consumo de cuatro modelos de minivehículos (coches con motores de menos de 660 centímetros cúbicos) de los cuales se han vendido unas 625.000 unidades en Japón.

Como resultado, estos vehículos (de los cuales la mayoría, unos 468.000, fueron comercializados por la también nipona Nissan Motor) fueron vendidos bajo la falsa garantía de que su consumo -una de las facetas que permite a los minivehículos ser competitivos- era entre un 5 y un 10 por ciento más eficiente de lo que en realidad es.

Las pruebas fueron realizadas además con estándares que no están homologados por el Gobierno nipón desde 2002. El ministro portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga, subrayó hoy en rueda de prensa la «gravedad» del caso por el efecto que tiene sobre «la confianza de los consumidores».

Algunos analistas consideran que esta manipulación podría dañar profundamente a la empresa, el fabricante de vehículos nipón que dispone actualmente de menor liquidez y que ya fue rescatado la década pasada financieramente por otras empresas del conglomerado Mitsubishi.

El caso podría forzar incluso a la compañía abonar al Gobierno ayudas públicas adheridas a estos modelos si se determina que éstos no cumplían los estándares medioambientales requeridos para dichas subvenciones a raíz del falseo.