El Gobierno impone multas de hasta 10.000 euros para las pymes que no tengan la factura digital en dos años

La norma, que incluye medidas para impulsar la creación de empresas , con la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilita su constitución de forma ágil y telemática, también incorpora elementos de rigidez para combatir la morosidad y el fraude fiscal, como es la implantación de estos sistemas digitales.

«Se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos . Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial», apuntan desde el Gobierno acerca de la ley aprobada este jueves y a la que ha tenido acceso ABC en su última versión con las enmiendas ya incorporadas.

Sin embargo, para el loable objetivo de mejorar las relaciones de pago entre las empresas del sector privado el Gobierno se guarda un elemento de represión: habrá sanciones de hasta 10.000 euros para aquellas pequeñas y medianas empresas que no tengan incorporada la factura digital en plazo de dos años que ahora comienza.

«Para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición de más de 3.000 millones de euros en subvenciones» procedentes de los fondos europeos Next Generation , señala la ley en la que se insta a la adopción de la factura electrónica «obteniendo una subvención para emplear en la contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y asegurar su implantación efectiva».

En este punto, el Gobierno considera razonable conceder a las empresas de menor tamaño un mayor periodo de tiempo «para adatarse a esta obligación». Por lo que el despliegue del denominado Digital Toolkit -nombre que recibe el sistema de facturación digital- permitirá a las pymes tener un mayor periodo de transición para adaptarse y contar con el apoyo necesario habida cuenta de que esta operación podría ser más costosa para estas empresas . Así, se establece para ellas un periodo de hasta dos años para la adaptación, antes de que su uso sea obligatorio y acarree sanciones en caso de no cumplirse con el mandato.

De este modo, el Gobierno establece que las empresa que, estando obligado a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, «serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros». El órgano competente para aplicar la sanción será la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Desde el sector empresarial, por su parte, valoran positivamente que finalmente se haya dado un plazo suficiente para la adaptación de estos sistemas. Desde Cepyme , sin ir más lejos, valoran que se dé un plazo de dos años a las empresas de menor tamaño para la implantación de la factura electrónica y recuerdan que si la pandemia «ha sido en muchos casos un elemento acelerador de la digitalización de los procesos de muchas compañías», la mayoría de ellas «todavía no han completado su digitalización».

«Creemos que la factura electrónica va a ayudar en la trasparencia y productividad de las compañías, aunque es necesaria una inversión inicial y sobre todo un cambio de cultura para aplicarla», señalan desde la Confederación. Por lo que ven «esencial que se ofrezca un plazo de 2 años para que las pymes puedan implantar la factura electrónica beneficiándose de las subvenciones que se están ofreciendo para ello a través del Digital Toolkit».