El Gobierno ignora la desaceleración y tira de optimismo fiscal para convencer a la UE

El deterioro de la economía, en palabras de la ministra de Economía Nadia Calviño en rueda de prensa, se produce por el menor crecimiento del entorno exterior , lo que redunda en unas exportaciones menguantes, de forma que la demanda externa restará una décima al crecimiento frente a la contribución de 2,7 puntos de la demanda interna.

Las principales revisiones a la baja proceden de las exportaciones (un recorte frente a las anteriores previsiones de julio de 1,5 puntos en el crecimiento de 2018, que será del 3,2% frente al 5,2% de 2017), pero también se observa cierta atonía en el consumo : el Ejecutivo empeora en una y dos décimas su estimación de avance en 2018 y 2019 al 2,2% y al 1,8%, respectivamente. Ello empuja a que las importaciones también crezcan menos de lo previsto en julio, un 4% y un 3,8% en 2018 y 2019, seis y cuatro décimas menos respectivamente.

Precisamente, si la economía pierde tracción, la previsión de recaudación de Hacienda puede cojear, lo que supone una complicación mayúscula ya que del ciclo dependen 6.413 millones de ingresos en 2019: el Ministerio ha preparado un borrador presupuestario basado en el objetivo de déficit que las Cortes le negaron, el 1,8% del PIB para 2019 que supone un esfuerzo de 11.000 millones frente al 2,7% en el que acabará este año. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que los Presupuestos de 2019 que se presentarán a finales de noviembre se basarán en la senda aprobada para entonces, es decir, el 1,3% del PP, hasta que encuentren la fórmula para sortear el veto del Senado. De esta forma, el Estado y la plana mayor de comunidades hornean unas cuentas con una meta más exigente que el que finalmente puede salir. Cifras que en el caso del Estado afectan en 1.200 millones, algo según Montero asumible, pero que en el caso de la Seguridad Social cuyos gastos son estáticos, suponen 2.400 millones de diferencia. Una cifra similar a la de las comunidades.

¿Se cumplirá algún objetivo de déficit? Calviño, buena conocedora de cómo evalúa Bruselas por su experiencia en la Comisión hasta hace escasos meses, señaló que el Ejecutivo comunitario dejará desde el año que viene de mirar el déficit con el rigor de antaño, ya que España saldrá este ejercicio del brazo corrector comunitario, al reducir su desequilibrio por debajo del 3% del PIB. En su lugar, vigilará con celo la deuda pública -que según la ministra caerá del 98,1% del PIB de 2017 al 95,5% de 2019, una reducción «del doble que en los últimos años»- y la regla de gasto.

«De no ser por las medidas de estos presupuestos, el déficit del año que viene sería del 2,2%, pero el 1,8% es muestra de nuestro compromiso con Bruselas», abundó Calviño. Ello se debe al ajuste estructural, es decir, aquel que no tiene en cuenta la evolución del ciclo económico y que será del 0,4% del PIB, 4.800 millones netos, por los mayores impuestos. Es decir, el Gobierno quita importancia a cumplir el objetivo agregado, pero carga las tintas en el ajuste .

Hasta aquí, las líneas parecen del gusto de Bruselas. Pero, al poner en la balanza las subidas de impuestos y el mayor gasto, el Gobierno cree que el conjunto de las medidas tendrán un efecto « neutro » sobre el PIB. Ni restará actividad ni la impulsará pese a que el ajuste será estructural y muy positivo para las arcas públicas. Una cuadratura del círculo imposible que viaja ya hacia los departamentos de la Comisión.

Porque, en conjunto, el desembolso de todas las administraciones ascenderá a 515.552 millones , 15.711 millones más que en 2018. De este montante, 8.336 millones se deben a las medidas del Gobierno . Por un lado, 5.098 millones por los guiños sociales de los que 1.992 afectarán al Estado, a lo que se suma otros 3.238 de aumentos a pensionistas y funcionarios -que el Ejecutivo achacó a los compromisos del PP con efecto en 2019-. Para pagar esta retahíla de gastos, el Gobierno cifra la subida fiscal en una recaudación extra de 5.678 millones, con 4.850 millones por el «impuestazo» a empresas, diésel y rentas altas. La «tasa Google», el impuesto a las transacciones financieras y las nuevas normas antifraude se aprobarán «en los próximos días» como proyecto de ley, desgrana el borrador presupuestario. Impuestos que afectan a grandes empresas y rentas altas, sí, pero también a las clases medias a través de la mayor presión fiscal al diésel. Todo ello entrará, retroactivamente o no, el 1 de enero de 2019.

Mayores medidas de gasto, menor crecimiento, una subida de impuestos neutra para la actividad pero positiva para las arcas públicas y dos objetivos de déficit distintos sin saber cuál acabará siendo el válido. El Gobierno presenta una hoja de ruta difícil, a ratos contradictoria, con el objetivo de cumplir con Bruselas y con Podemos al mismo tiempo y así sacar unos presupuestos decisivos para la legislatura y las elecciones autonómicas, municipales y europeas de 2019.