El presidente de Microsoft, Bill Gates

El Gobierno de George W. Bush renuncia a desmembrar en dos compañías al gigante Microsoft

La decisión del Gobierno norteamericano de renunciar a dividir Microsoft en dos supone un gran triunfo para el gigante informático, a pesar de que la empresa sigue expuesta a ser castigada por violar las leyes antimonopolio. En lugar de la ruptura, se buscará la aprobación de una serie de medidas para evitar que Microsoft continúe abusando de su posición dominante.

NUEVA YORK. Alfonso Armada, corresponsal
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Bill Gates no tendrá que asistir impávido a la salomónica decisión de desmembrar en dos mitades al «hijo» de sus entrañas, Microsoft, la empresa informática más poderosa del mundo. El Departamento de Justicia del nuevo Gobierno de George W. Bush y 18 Estados decidieron ayer enterrar una de las iniciativas más controvertidas de la

Administracion de Bill Clinton. Microsoft no será dividida por haber vulnerado las leyes del libre mercado y haber actuado como un monopolio, pero la firma de Gates deberá permitir que sus usuarios naveguen por Internet no sólo bajo su bandera.

Del horizonte de Microsoft se ha desvanecido la pesadilla que sí tuvo que afrontar el magnate John D. Rockefeller, que vio como su imperio petrolífero de la Standard Oil era desmantelado a comienzos del Siglo XX y partido en pedazos tras ser acusado por el Gobierno federal de abuso y monopolio. Otros tiempos.

El Departamento de Justicia ha preferido, según hizo público ayer, buscar una solución «rápida y efectiva» para «proteger los intereses de los consumidores», y renuncia no sólo a que Microsoft sea dividida en dos empresas, sino que tampoco seguirá adelante con el caso en los tribunales, aunque en una cita judicial la semana próxima la compañía con sede en Seattle deberá aportar medidas que recojan algunas de las exigencias fijadas en junio del año pasado por el juez federal Thomas Penfield Jackson, el magistrado que estuvo a punto de poner a Microsoft contra las cuerdas.

Al final, la victoria de Microsoft sobre Jackson, al que perdió su locuacidad ante los periodistas, ha sido casi completa. La decisión del Departamento de Justicia y de los fiscales generales de los 18 Estados de la unión personados en el caso convirtieron en gran medida en papel mojado las conclusiones del juez Jackson y las pretensiones del Gobierno de Bill Clinton.

Microsoft, una de las iniciativas empresariales más celebradas y exitosas del capitalismo estadounidense, ha resultado beneficiada por el cambio de guardia en la Casa Blanca, con una Administracion republicana más comprensiva hacia los intereses de las grandes compañías y menos sensible a las interpretaciones de monopolio y posición de dominio en el mercado.

El pasado mes de julio, la empresa que está presente en cerca del 90% de los ordenadores que operan en el mundo, con su popular sistema Windows, anunció que la nueva versión de su programa llegará a las tiendas en octubre con el nombre de XP, y no obligará a los fabricantes de ordenadores a que incluyan programas como el propio navegador de la firma de Bill Gates, Internet Explorer, que fue el que desencadenó la acción legal, por entender que había desplazado de forma poco respetuosa con las leyes de la competencia y del mercado libre a un navegador rival, Netscape.

La primera demanda se sustanció en 1998, cuando al frente del Departamento de Justicia se encontraba Janet Reno, que encontró el respaldo de otros 20 Estados que se sumaron a la denuncia por abuso de posición dominante, es decir, servirse de su apabullante presencia en el mercado informático para imponer sus propias mercancías en detrimento de los competidores.

TORMENTA DE HIELO

La sentencia que en junio del año pasado dictó el juez federal Thomas Penfield Jackson cayó como una tormenta de hielo sobre los directivos de Microsoft, que ya habían gastado millones de dólares en cuadrillas de abogados y que en cualquier caso lanzaron el desafío de luchar a muerte contra el Gobierno federal, que pretendía imponer unas condiciones que Gates y los suyos consideraban inaceptables, ya que ponían en peligro la supervivencia de una empresa que ha hecho de su fundador el hombre más rico del planeta y de Microsoft la reina del Nasdaq y de las bolsas de valores.

A finales del pasado mes de junio, el Tribunal de Apelación de Washington confirmó la sentencia de primera instancia que encontraba culpable a Microsoft de prácticas contrarias a la libre competencia de mercado, pero empezó a preparar el camino para la victoria final de Microsoft al invalidar el fallo del juez Thomas Penfield Jackson, que entendía que la única medicina que cabía para curar el mal era la desmembración de la empresa. El caso fue entonces reenviado para revisión al tribunal de primera instancia y un nuevo juez, Colleen Kollar-Kotelly, fue designado el pasado 24 de agosto para la elaboración de nuevas argumentaciones contra el líder mundial de los programas informáticos.

En vez de proseguir por la senda de la ruptura, el Gobierno de George Bush ha optado por el camino del entendimiento. Según la nueva estrategia, que descarta por completo la división de la firma, se impondrán una serie de restricciones para las prácticas que Microsoft ha seguido a la hora de hacer negocio: dando por ejemplo a otros fabricantes de computadores más flexibilidad para configurar versiones del sistema operativo Windows con aplicaciones como navegadores de Internet o sistemas de mensajes instantáneos diferentes que los que proporciona Microsoft con su paquete.

CÓDIGO INFORMÁTICO

Requisito importante es que Microsoft no podrá en teoría vincular de forma indisoluble, a través del código informático que hace trabajar su sistema operativo (lo que hace que un ordenador realice sus múltiples tareas, como facilitar la escritura de una carta o de un artículo), a su navegador, Internet Explorer.

Esa medida supondrá que los fabricantes de ordenadores podrán incluir en sus aparatos programas de otras empresas rivales de Microsoft, como RealNetworks o AOL Time Warner. Además, Microsoft deberá hacer más accesible a otros fabricantes de programas informáticos los códigos que ligan sus aplicaciones al sistema Windows, además de prohibir que la firma de Gates lance represalias contra socios o empresas subsidiarias que se alíen con competidores.

Aunque buena parte de esa panoplia de medidas fueron calificadas en su día de «draconianas» por Steve Ballmer, el director general de la empresa, por entender que ponían en peligro su rentabilidad y porvenir, tanto Microsoft como el Departamento de Justicia parecen haber encontrado un lenguaje común.

El «ministerio» encabezado por el fiscal general que susituyó a Reno, John Aschcroft, considera que han quedado garantizados los mecanismos para poner fin al «comportamiento ilegal de Microsoft», además de «abrir el sistema operativo a la competencia del mercado».

Sin embargo, las quejas contra la actitud de Microsoft no se han evaporado en el aire, y tanto socios como rivales han vuelto a acusar a la compañía de que el nuevo sistema que saldrá a la venta en octubre, Windows XP, vuelve a abusar de su condición de poder dominante. Monopolio, en otras palabras.