El Gobierno flexibiliza las tasas ferroviarias para seducir a los operadores

Los cánones son unas tasas que pagan los operadores del sector a Adif por utilizar sus vías y estaciones. Hasta ahora eran las cuentas públicas las que establecían su subida o bajada para todo un ejercicio, algo que daba mucha rigidez al mercado. Rivales de Renfe como Ouigo han criticado públicamente este sistema porque consideran que es difícil hacer un plan de negocio a medio plazo sin conocer las tasas que se abonarán en dos años.

Además, si un año no se pueden aprobar nuevos Presupuestos y las cuentas se prorrogan los cánones mantienen la misma evolución, sin tener en cuenta el desarrollo del mercado ferroviario.

El Gobierno ha respondido a las críticas de los operadores y ha modificado la ley del sector para que sea Adif la que establezca estos cánones y pueda dar certidumbre. Bruselas así lo requería, ya que la Comisión Europea lleva años reclamando a España que Adif mantenga una independencia mayor del gobierno de turno.

Desde un punto jurídico, el proyecto de ley acerca a los cánones al concepto de tasa, «reconociéndose a los administradores generales de infraestructuras la competencia para fijar sus cuantías de forma reglamentaria, respetando en todo caso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en esta materia».

Asimismo, y siguiendo las directrices de una directiva europea, el proyecto de ley aclara el concepto de infraestructura ferroviaria (fundamentalmente las vías y todos los elementos necesarios para que un tren pueda hacer su recorrido entre un punto de salida a otro de llegada) y el concepto de instalación de servicio (el resto de elementos, entre los que se encuentran las estaciones de viajeros, las terminales de carga o las vías de apartado y formación de trenes).

Como resultado, la delimitación de estos conceptos ha exigido matizar la actual definición de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) que «pasará a estar formada por todas las infraestructuras, las estaciones de viajeros y terminales de transporte de mercancías que sean esenciales para garantizar un sistema común de transporte en todo el Estado», según ha explicado el Gobierno.