Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo - EFE

El Gobierno estudia condicionar al empleo las ayudas para combatir los costes energéticos en la industria

El Ejecutivo intentaría que no se repitan casos como el de Vestas y ya ha lanzado la próxima subasta de interrumpibilidad, además de aprobarla compensación de costes de CO2 antes de final de año, peticiones de las industria electrointensiva

MadridActualizado:

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto , ha reconocido en declaraciones a Radio Nacional que el Ejecutivo estudia condicionar las ayudas destinadas a combatir el coste de la energía dirigidas la industria electrointensiva (aquella que tiene a la electricidad como un factor fundamental) al mantenimiento del empleo, en una clara referencia a conflictos laborales como el generado tras el anuncio de cierre de la fábrica de Vestas aduciendo los altos costes energéticos.

«Estamos valorando condicionar estas medidas al mantenimiento del empleo», ha reconocido la ministra. En concreto, estas palabras vienen después de que el pasado 8 de noviembre que el Gobierno lanzará antes de final de año un paquete de medidas para ayudar a la industria electrointensivaa superar las dificultades del coste de la energía. La ministra indicó entonces que este paquete de medidas será «transversal, junto a otros ministerios», y busca «garantizar la industria electrointensiva en España».

El Gobierno ha puesto sobre la mesa el lanzamiento de la próxima subasta de interrumpibilidad y la aprobación de la compensación de costes de CO2, dos de las peticiones de la industria electrointensiva, antes de finales de este año. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Maroto avisó a principios de noviembre que el objetivo de estas medidas es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que se va a trabajar por este sector».