El Gobierno, a la espera de que la oposición se pronuncie sobre el conflicto de los estibadores

Se abre ahora, por tanto, un periodo de incertidumbre en el que el sindicato mayoritario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, tratará previsiblemente de tensar la cuerda al máximo para lograr influir en los grupos parlamentarios, que deben convalidar en el plazo máximo de un mes el texto normativo por mayoría simple. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se limitó a señalar ayer que habrá que «esperar hasta la convalidación» para conocer con qué apoyos contará en el hemiciclo.

«El Gobierno no suele llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley si no tiene ciertas garantías de que se aprobará», detalló el responsable de Fomento, si bien, a continuación matizó que el de la estiba «no es real decreto ley al uso», sino que se trata de una norma a la que «obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE» y sobre la que ya hay una sentencia firme que podría ser ampliada en los próximos meses. «Tendríamos que pagar de nuestros bolsillos millones y millones de euros», zanjó.

El Gobierno recuerda que, en esencia, el real decreto se concibe como un texto de mínimos para cumplir con el dictamen de Bruselas y que los sindicatos disponen de un año para fijar, mediante la negociación colectiva, aquellos asuntos , como la subrogación o las condiciones laborales, que quedan fuera de la legislación. Y en un mensaje al resto de formaciones políticas, cierra la puerta incorporar las peticiones de las organizaciones sindicales por la vía legislativa: cualquier enmienda que sirva para resguardar derechos adquiridos como la formación de registros excluyentes, como los actuales, se encontrará con la oposición de la Comisión Europea.