El Gobierno enfría su plan para implantar peajes en las autovías

Hace poco más de seis meses, el Gobierno tenía un discurso radicalmente distinto respecto a los peajes. Y así se recogía en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el propio Ejecutivo remitió a Bruselas en junio del año pasado. El documento recogía la intención del Gobierno de aprobar la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, una reforma que, según se afirmaba entonces, contemplaría «un modelo predecible de financiación para la conservación y mantenimiento del importante ‘stock’ de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea».

En concreto, abundaba el plan, «se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías». La intención inicial era que las nuevas tasas estuvieran operativas tanto en las autovías como en las autopistas, aunque poco después el propio Gobierno limitó el posible impacto de la tarificación de la red.

«Esta ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina paga’», explicaba directamente el texto.

Medio año después, todo el proceso ha quedado paralizado. Y no solo eso, sino que los plazos para definir el sistema de peajes que posteriormente se implantará también se han retorcido. El verano pasado Bruselas dio por hecho, al aprobar el Plan de Recuperación de España, que el Gobierno tendría definido un sistema de pago por uso antes del 30 de junio de 2022 . Pero en el Ministerio de Transportes opinan ahora que es «improbable» que se cumpla ese plazo.

Fuentes gubernamentales explican que este proceso, en el que también puede tener voz el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal configurado por el Ministerio de Hacienda, está separado de la tramitación de la Ley de Movilidad. La intención del Gobierno siempre ha sido consensuar la implantación de estas tarifas con otras formaciones políticas y distintos agentes económicos, una apuesta que en la práctica retrasa la tarificación de la red de alta capacidad.

Respecto a la posible inclusión o no en la citada Ley de Movilidad de los peajes, estas mismas fuentes reconocen que el texto que aprobará el Consejo de Ministros pasará de puntillas sobre este aspecto , pero no descartan que las tasas se incorporen durante el trámite de aprobación (que se extendería hasta finales de 2023) y siempre y cuando se alcancen acuerdos.

En el terreno político parece imposible alcanzar pactos durante los próximos meses, sobre todo porque en 2023 se celebrarán elecciones autonómicas y -si no se adelantan- generales. Los peajes, que tienen un elevado coste político, ya han sido utilizados como arma arrojadiza durante la campaña para las elecciones de Castilla y León, un periodo en el que Transportes ha negado por activa y por pasiva que haya avances en la implantación de las tasas. Con todo, desde el ministerio aseguran que el plan no está ni mucho menos enterrado y se sigue trabajando en un modelo de pago por uso para las autovías estatales.